El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha destapado un nuevo delito de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Concretamente, un delito de prevaricación por amañar adjudicaciones a Deloitte relacionadas con la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que impartía en la Universidad Complutense de Madrid. El pasado mes de abril, el titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, procesó por cuatro delitos a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez: corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida. Deloitte participó como proveedor de servicios en relación a la cátedra de TSC.
La Complutense le adjudicó un total de 78.648,79 euros, principalmente para asesoría técnica en el desarrollo de un software o plataforma digital destinados a medir el impacto social y sostenibilidad en pymes. Se le adjudicó un contrato menor en 2022 por 14.999 euros más IVA. Cabe destacar que se organizó un proceso con invitación a tres empresas, pero Deloitte presentó su oferta en 24 horas. Posteriormente, se le adjudicó otro contrato de 60.500 euros (IVA incluido) para "asistencia y asesoría técnica y tecnológica" en la creación de la plataforma. Deloitte declaró en sede judicial que su rol fue de soporte y asesoría a la oficina del proyecto, pero no creó ni tuvo acceso directo al software.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "el último informe de la UCO acredita un presunto quinto delito cometido por Begoña Gómez, prevaricación. Dicho delito se sumaría a los otros cuatro por los que ya ha sido procesada por el juez Peinado, es decir, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida".
El artículo 404 del Código Penal hace referencia al delito de prevaricación en estos términos: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el delito de prevaricación no puede ser juzgado por la Ley del Jurado, a diferencia de los otros cuatro delitos. Por lo tanto, el juez Peinado deberá buscar una solución procesal al respecto".
La UCO señala a Begoña Gómez: "Participó directamente"
El informe de la UCO señala directamente a la esposa de Pedro Sánchez por amañar la contratación de Deloitte: "Begoña Gómez, como directora de la cátedra y principal propulsora del proyecto, participó directamente en la determinación previa a la tramitación del contrato menor de las condiciones en las que se basarían los servicios a prestar por Deloitte. Además, era conocedora del inicio en el desempeño de esas funciones por parte de la consultora con antelación a la tramitación del contrato menor. Por otra parte, es partícipe en la supresión en la adenda a formalizar del acuerdo real alcanzado con Deloitte, promoviendo además que ambos expedientes se rigieran por esas condiciones pactadas de antemano. En ese sentido, destacan entre los trámites administrativos asumidos directamente (i) la firma de la memoria justificativa y la conformidad de la factura relativa al contrato menor, así como (ii) la firma del PPT del procedimiento abierto simplificado, acorde con las condiciones pactadas de antemano".
"En todo caso, pese a darse la conformidad a la factura correspondiente al procedimiento abierto simplificado por parte de José Manuel Ruano, Begoña Gómez se encuentra al tanto de los trámites llevados a cabo para justificar dicha facturación. Todo ello siendo consciente del alcance real de los servicios por parte de Deloitte y, especialmente, de la continuidad de estos más allá de la finalización del plazo de ejecución del contrato menor hasta el 27.06.2023", concluye.
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