Manuel Moix está en el alambre. Salvó "una pelota de partido" en el último Consejo Fiscal –donde el ala progresista pidió su cese inmediato–, y lidió con la reprobación mayoritaria del Congreso de los Diputados. Pero ahora, la polémica suscitada por sus vínculos con una sociedad en Panamá está cerca de apuntillar su fugaz periplo como fiscal jefe de Anticorrupción.
Según trascendió a los medios de comunicación, Moix posee el 25% de un chalet en Collado Villalba valorado en 550.000 euros. Hasta aquí todo en orden. Lo delicado es que procede de una herencia compartida con sus tres hermanos que su padre dejó a nombre de una sociedad en Panamá, país centroamericano conocido por sus características de refugio fiscal.
Tal y como ha explicado en una entrevista a Onda Cero, el todavía máximo responsable de Anticorrupción no informó al FGE, José Manuel Maza, de su participación en la sociedad offshore porque no veía que tuviera "ninguna relevancia", aunque reconoce que calculó mal. Moix se ha referido a la herencia: "Está todo declarado y legalizado y no tiene ningún tipo de incompatibilidad para el ejercicio de la función".
"No respondo de los actos de mi padre"
Moix cree que "se puede entender que estéticamente no es correcto, pero hay que valorar si eso influye objetivamente en el ejercicio de la función". El representante del Ministerio Público ha explicado que no se deshizo de la sociedad por una cuestión puramente económica: "Disolver la sociedad es relativamente sencillo y barato. Pero es disolver la sociedad y adjudicar el bien. Hay que pagar una serie de impuestos que encarece la operación".
Según ha podido saber este periódico, Moix conserva todo su patrimonio legalizado con Hacienda. Sin embargo, no acierta a explicar por qué figura como tesorera una mujer de 93 años –Aída May Biggs figuraba en abril de 2016 como testaferro en unas 20.000 compañías– que ni conoce: "Nunca he tenido función en la sociedad, ni como administrador ni como representante. Los componentes de la sociedad ni sé quiénes son ni lo he sabido nunca. Eso lo llevan mis asesores jurídicos, ahí ni entro ni salgo".
En una respuesta seguramente dura, Moix se ha desligado del pasado de su progenitor, catedrático e inspector de trabajo: "Yo no respondo de los actos de mi padre, respondo de mis propios actos, lo demás serían conjeturas. No tenía ningún conocimiento de lo que hacía mi padre". No obstante, según publican varios medios, sí supo que había estado inmerso en una investigación por alzamiento de bienes archivada a instancias de la Fiscalía de Madrid, dirigida entones por Mariano Fernández Bermejo.
Depende de una llamada
No es un secreto que a Moix le han cuestionado desde que accedió a la jefatura fiscal de Anticorrupción. Aunque, al menos hasta ahora, siempre había negado la posibilidad de dimitir. También lo habían respaldado sin fisuras tanto José Manuel Maza como Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Si bien los dos últimos tomaron distancia este martes con respecto a Moix, el propio afectado ha abierto una puerta en la entrevista: "Yo no tengo ningún apego al cargo. No estoy aquí cueste lo que cueste. Igual que me han puesto me pueden quitar. No tengo ningún interés en mantener una situación si se considera que no soy el idóneo. No hay ningún problema".
Dice Moix que, si detecta que mi estancia perjudica a la imagen de la Fiscalía, se apartará. Aún no se ha planteado dimitir porque está pendiente "de una conversación con el fiscal general del Estado" que se producirá este miércoles.
Moix ya quedó tocado en el estallido de la Operación Lezo, cuando se filtró una conversación donde el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión como supuesto cabecilla de Lezo, celebraba la decisión con el exministro originalmente investigado Eduardo Zaplana: "Sería una noticia cojonuda –que accediera a la jefatura de Anticorrupción– porque Moix es un hombre bueno". Ahora, entre las desavenencias en su departamento y la sociedad offshore, su permanencia se complica aún más.