El separatismo prepara una encerrona al Rey en la manifestación de Barcelona

Los partidos separatistas preparan una encerrona al Rey, al Gobierno y a los dirigentes de las formaciones nacionales que han confirmado su presencia en Barcelona este sábado para la manifestación por los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) insta a sus simpatizantes a portar esteladas con crespón negro y a estrenar las camisetas azules de la Diada de este año. Será su "respuesta" a la indeseada presencia del jefe del Estado, el Rey Felipe VI, a quien la CUP atribuye complicidad con el terrorismo por las relaciones exteriores con las monarquías del Golfo Pérsico sin que sus socios del PDeCAT y ERC hayan objetado nada ante tal acusación.

La confirmación de la presencia del Rey ha redoblado los esfuerzos separatistas por trocar la repulsa por los atentados en un ensayo de la Diada en el que también se muestre el surgimiento del nuevo Estado avalado por la respuesta de la administración autonómica y los Mossos d'Esquadra ante el terrorismo.

Ni el Rey ni el Gobierno son bienvenidos en la manifestación. Lo dijo la CUP y lo avalan la ANC y Òmnium, los brazos "cívicos" del proceso. El PDeCAT afea los antisistema la inconveniencia temporal de sus bravatas para tranquilizar a los dirigentes empresariales que todavía apoyan la deriva separatista. Los convergentes han prometido que tras el referéndum romperán sus lazos con la CUP. ERC no ha dicho nada. Junqueras ha optado por un discreto y significativo segundo plano en relación a los ataques terroristas.

Desprecio a las asociaciones de víctimas

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y líder de los "comunes", la versión catalana y autónoma de Podemos, ha aprovechado el debate estético sobre la manifestación para mostrar su rechazo a la Corona de manera algo más sutil. De su equipo fue la propuesta de que la cabecera de la manifestación fuera ocupada por los Mossos, la Guardia Urbana y una representación de los diversos servicios de emergencias. Como es obvio, las asociaciones de víctimas del terrorismo no han sido consultadas ni tendrán espacio específico en la manifestación.

El Gobierno mantiene el tono constructivo. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, alaba la coordinación policial mientras mandos y sindicatos de todos los cuerpos se cruzan gruesas acusaciones. La contención de Rajoy contrasta con el aprovechamiento intensivo de Puigdemont del foco internacional. El presidente de la Generalidad ya no disimula. Si la descripción del contexto político en el que se habían producido los atentados le parecía una artimaña "miserable" el día después, tardó pocas horas en cambiar de opinión.

Las variadas nacionalidades de las víctimas y la crueldad reiterativa del atropello de Las Ramblas (Niza, Berlín y Londres) convertían el atentado de Barcelona en la apertura de los informativos de todo el mundo, igual que 25 años atrás con los Juegos Olímpicos. La comparecencia del consejero de Interior, Joaquim Forn, y el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sobre las once noche del infausto jueves 17 de agosto fue el preludio de un anuncio global sobre el surgimiento de un nuevo Estado en el noreste de España.

Campaña propagandística

Forn y Trapero insistieron en todo momento en el liderazgo de los Mossos en la respuesta al atentado de Barcelona. Faltaba el de Cambrils. Trapero sacó a relucir la explosión en el chalé de Alcanar. Estaba relacionada con el atropello, declaró. Los Mossos trabajaban sobre esa pista, una explosión que de entrada se atribuyó a reactivos para la producción de drogas. La Generalidad estaba al frente del operativo. Sólo al final Trapero habló de la Audiencia Nacional. Fue para afirmar que los Mossos actuaban a las órdenes de la Audiencia Nacional encarnada en el magistrado Fernando Andreu.

El viernes, tras el "abatimiento" de cinco terroristas en Cambrils, la Generalidad desató una campaña propagandística sobre la excelencia de los Mossos en detrimento de las demás policías, incluida la de Barcelona, y el Estado español. A mayor abundamiento, Puigdemont insistía en que el Estado vetaba el acceso de los Mossos a las bases de datos de la Europol, lo que ponía en grave riesgo la vida de los ciudadanos de Cataluña. Y también que Hacienda refutaba la partida administrativa para convocar quinientas plazas de Mossos, una de las "estructuras de Estado" que ha sufrido tantos recortes autonómicos como la sanidad y la enseñanza.

La campaña continúa incluso después de las informaciones sobre la comunicación de un policía local de Bélgica con un alto mando de los Mossos en torno al imán de Ripoll, la advertencia de una juez de Alcanar sobre la posibilidad de que en Alcanar se estuviera preparando un atentado y el reconocimiento por parte del portavoz de los Mossos, Albert Oliva, que rechazaron la ayuda de los Tedax de la Guardia Civil en Alcanar horas antes del atropello de Las Ramblas.

Versión destrozada

"Señoría, no exagere", le dijeron los mossos a una juez de Amposta, según el ABC, cuando sugirió la posibilidad de que la magnitud de la explosión y la acumulación de bombonas de butano pudiera responder a la preparación de un atentado. El imán de Ripoll, localidad gerundense, que habría sido el líder espiritual e intelectual de la célula, levantó sospechas en Bélgica en enero de 2016. Un policía local de proximidad de Vilvoorde pidió información a los Mossos sobre Abdelbaki Es Satty, turbio sujeto que pretendía colocarse de imán en esa ciudad. "Cuanta más información compartamos, mejor", le decía vía mail a un alto mando de la policía autómica catalana. Es Satty constaba en varios ficheros como condenado por tráfico de drogas e investigado por participación en tramas islamistas.

La Generalidad guardó silencio durante más de un día. Un policía belga había contactado con un jefe de los Mossos en relación al peculiar imán, pero la administración autonómica ceñía el aviso al ámbito de una "comunicación informal", nada serio. Dos meses tardó el mosso en cuestión en responder que de Abdelbaki, ni idea, pero que había un tal Mustafá con el mismo apellido investigado por la Audiencia Nacional.

Al tiempo, un juez de Castellón anulaba la orden de expulsión del posterior imán por razones de arraigo. De hecho, el policía belga advertía a su colega mosso de que Es Satty estaba casado en España y tenía intención de volver a España. Tras negar primero y admitir después de que un funcionario belga se había interesado en la policía catalana por Es Satty, la consejería de Interior trata de restar importancia a la alerta.

"Ostras", dice el mosso portavoz

La última hora aporta otro reconocimiento de los Mossos. Su portavoz Oliva ha declarado a la emisora de La Vanguardia que rechazaron la colaboración de la Guardia Civil en el chalé de Alcanar: "No fue un no taxativo, un 'no queremos', sino un 'ostras, estamos aquí y nos disponemos a actuar".

También relativiza la explosión de Alcanar, suceso del que los Mossos d'Esquadra apartaron a la Guardia Civil siguiendo instrucciones políticas. El proceso y el referéndum requieren la autosuficiencia policial y en el "incidente" de Alcanar se puso de manifiesto. Tras amilanar a la juez, los Mossos rechazaron el apoyo de los artificieros de la Guardia Civil, curtidos en los campos de minas de Bosnia, Irak, Afganistán y el Líbano. Ayuda despreciada. "Nosotros solos" era la consigna que extendían en las ruedas de prensa Forn y el superpolicía Trapero.

De la actualización de las noticias se infiere un notorio contraste entre el relato de la Generalidad y la realidad. Se despreció la ayuda de la Guardia Civil, el aviso de una juez y el aviso de una policía local belga. Sin embargo, la Generalidad no sólo se mantiene en sus trece sino que Puigdemont insiste en el Financial Times que el Estado pone en riesgo a los catalanes, que se niega a financiar las oposiciones a mossos y que veta el acceso del cuerpo a las bases de datos europeas. Es la respuesta a la versión de Rajoy sobre una idílica colaboración institucional. Y por si hay duda sobre el referéndum, el presidente de la Generalidad presume de que ya tiene seis mil urnas. Está dispuesto, dice, a ir a la cárcel, pero duda de que tras los últimos acontecimientos el Estado se atreva a forzar un encontronazo. El referéndum está garantizado.

En el subtexto, la actuación de los Mossos y la exposición de Josep Lluís Trapero, su jefe supremo y miembro del círculo personal de Puigdemont.