El que fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años, Manuel Chaves, ha afirmado hoy que en virtud de su cargo "conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales" pero "cómo se daban yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión".
Chaves, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso ERE por prevaricación, ha comenzado a responder al fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y en varias ocasiones ha subrayado que como presidente del Gobierno andaluz conocía que se daban ayudas sociolaborales como en el ámbito educativo u otros, pero "cuál era el procedimiento, con qué requisitos o quiénes eran los beneficiarios no entraba en mi ámbito político de decisión".
Ha defendido que "en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno" existía la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley. "Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley", ha defendido.
Chaves ha defendido que durante sus años de presidente se reunió con muchos comités de empresa y sindicatos ante grandes crisis laborales porque "era mi responsabilidad" y "lo anormal es que un presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi" ha ejemplificado, tras subrayar que dichas reuniones eran "un acto de normalidad democrática".
Ha subrayado que la directriz política era que ante estas crisis se creara una mesa de negociación para tratar de salvar a la empresa en primer lugar y paliar los efectos en los trabajadores pero de nuevo ha insistido en que los acuerdos concretos a los que se llegaba en ese marco de negociación, que seguía las líneas de los acuerdos de Concertación Social con los agentes sociales, no formaban parte de su competencia.
Chaves, que presidió Andalucía entre 1990 y 2009 y que cuando estalló el caso en 2011 era vicepresidente en el Gobierno central, se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que de 2001 a 2011 se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.
Los declarantes que le han precedido parecen haberle allanado un camino delicado porque, por poner la guinda de un ejemplo, si su examigo José Antonio Griñán, no se había enterado de nada mientras fue consejero de Economía y Hacienda, ¿cómo es que el presidente se iba a enterar de algo? Sin embargo, podría ocurrir al contrario: que las evidencias contra el expresidente terminaran condicionando las demás declaraciones.
Chaves, además de los problemas de los demás procesados, tiene uno especial y es haber intervenido de un modo u otro en los casos de tres ERE lo que no parece ser concordante con el hecho de no saber nada sobre el fin y los medios de este escandaloso caso. Por si fuera poco, su historial en comportamientos relacionados con prácticas anómalas, cuando no abiertamente discutibles legalmente, no lo ayuda.
El primero de los casos de los que se tuvo noticia fue el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. Dos faxes mostraron de manera contundente que Chaves conocía la presencia de intrusos en dicho ERE y otras irregularidades. Dichos faxes dirigidos al propio Chaves y al Defensor del Pueblo Andaluz por un grupo de mineros que denunciaron en el año 2003 la presencia de intrusos en las prejubilaciones mineras y se quejaron de que, mientras a algunos mineros se les había recolocado en otros trabajos, a otros, que ni siquiera eran mineros, se les había prejubilado generosamente.
Libertad Digital, como El Mundo y La Razón, comprobaron que los faxes eran idénticos. Pero para sorpresa general, en febrero de 2011 el expresidente Chaves, entonces vicepresidente tercero del gobierno, calificó de infamia cualquier relación suya con los ERE y negó haber conocido los hechos, por entonces, cometidos por "cuatro golfos".
El texto de los fax era el siguiente: "Ha llegado el mes de diciembre y viendo la discriminación a que hemos llegado 7 mineros socialistas y UGTistas por parte de también a compañeros que en su día cogieron los 2.500.000 de ptas, compañeros que también fueron recolocados como nosotros, compañeros de Construcciones Mari, que no han sido ni mineros y están prejubilados, compañeros de Insersa Navas que cogieron el dinero y están prejubilados, compañera de Insersa en limpieza y compañero del surtidor de Alosno, aquí hay más delito porque no han visto la mina ni por dentro ni por fuera, y ahí están, prejubilados...Y que conste con esto no queremos dañar a nadie sólo queremos nuestros derechos al igual que los demás...".
Luego irrumpió el caso del ERE de la empresa Bilore. Fue precisamente el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el que involucró a Chaves cuando confesó que la "única directriz por escrito" que existió para beneficiar a una u otra empresa con las ayudas de los ERE fue de la Consejería de Presidencia en 2004 para favorecer a Bilore. Fue en las declaraciones que prestó Guerrero en 2011 y 2012 ante la Policía, la Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya. En el juicio no se ratificó, pero su escrito existe.
Es más, decía: "Adjunto le remito documento entregado por los trabajadores de Bilore.s, SA al Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía en visita realizada en el día de ayer a Osuna (Sevilla). En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos ante la situación de ayer", esto es, la protesta laboral ante el Presidente.
Lucena era la sede social de Bilores, SA, la orden la cursaba Antonio Jesús Mena Calvente, del famoso GARI, Gabinete Andaluz de Relaciones Institucionales al servicio del presidente Chaves, e iba dirigida a la Consejería de Empleo y finalmente, los trabajadores de Bilores se beneficiaron con un ERE subvencionado por la Junta con 1,6 millones de euros.
El caso podría tener miga porque varios trabajadores de esta empresa han sido llamados a declarar en calidad de testigos en este caso. Recuerda El Mundo que dos prejubilados cordobeses que relacionaron a Manuel Chaves con la concesión de la ayuda de los ERE a la empresa Bilore, por valor de 1,6 millones, testificarán en el juicio, además de otros dos solicitados por el PP.
Además, el mismo periódico ha revelado que el Gobierno andaluz concedió una ayuda de 3,6 millones de euros del 'fondo de reptiles' a una sociedad de la familia del empresario que cada verano le cedía su chalé a Manuel Chaves para pasar las vacaciones en la playa onubense de La Antilla.
Se trata del empresario Rafael Blasco Caetano, propietario en su día de Fundaciones Caetano, una de las empresas beneficiarias, además, de la Expo 92, que recibió 3,6 millones entre 2004 y 2006. Esta es una de las 270 piezas separadas cuyas prevaricaciones y malversaciones presuntas ni son tratadas directamente en el juicio que se sigue ahora.
La empresa beneficiada por el ERE es Fundiciones Caetano SA, que recibió 3,6 millones en los años 2004 y 2006, durante la etapa de Chaves como presidente de la Junta de Andalucía. Esta subvención es una de las 270 investigadas en la macrocausa de los ERE concedidas sin control y de forma opaca. En una década, entre 2001 y 2010, el Ejecutivo andaluz repartió más de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales, un caso de corrupción que ha sentado en el banquillo por prevaricación y malversación a 22 ex altos cargos andaluces, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán. Este lunes, precisamente, es el turno de Chaves para responder ante el tribunal que juzga este caso en la Audiencia de Sevilla.
Rafael Blasco Caetano, amigo próximo del ex presidente Chaves, es primo hermano de Abilio Caetano Blasco, el administrador de Fundiciones Caetano, la empresa que solicitó y consiguió las dos ayudas millonarias de los ERE que ahora están bajo investigación judicial, según ha denunciado este domingo el PP andaluz. Por si fuera le prestó un piso en Sevilla cuando Chaves lo necesitó y para colmo, el nombre del chalé de La Antilla es La Tortuga.
Memorial de familia: los Chaves
Manuel Chaves procedía de familia militar franquista de Ceuta (su mujer, Antoñita Iborra, provenía asimismo de familia militar franquista ubicada en San Roque). Manuel Chaves tuvo a tres hermanos colocados en la esfera directa de la Junta de Andalucía: Leonardo Chaves González, Francisco Javier Chaves González y Carlos María Chaves González, (en una dirección general de la Junta de Andalucía, de jefe en Canal Sur y en Seguridad de la Junta respectivamente).
Chati Chaves González, Rosa María, tenía nómina de la Junta de Andalucía en el Servicio Andaluz de Salud, en sus dependencias de Huelva, igual que su marido, Javier Ferraro. Y por último, también vinculado a la Junta, Fernando Chaves González, ex profesor en el Instituto Al-Andalus de El Arahal, otra nómina de la Junta, pueblo de la provincia de Sevilla.
El hijo de este último, Fernando Chaves Pascual, encontró acomodo en Formades, un Consorcio ruinoso de Formación en El Rocío(Huelva) ocupado casi totalmente por el PSOE de Huelva. En él logró empleo también su esposa, Rocío Pilar Medina Macías. Otro hermano de Chaves, Antonio José, contrataba con la Junta a través de una empresa, Climocubierta S.A., motivo de escándalo público publicado en su día.
También fueron famosos por sus curiosos trabajos los hijos de Manuel Chaves. Iván Chaves se presentaba como "comisionista" de la Junta pero su hermana Paula alcanzó los niveles más altos de popularidad por la concesión, con el propio padre de cuerpo presente y sin caso alguno al Derecho Público, de una ayuda de 10 millones de euros a fondo perdido a la empresa Minas de Aguas Teñidas, SA, donde ella, precisamente, acababa de comenzar a trabajar. Dijo un chiste de la época que exclamó Paula Chaves: "¿Y cómo iba a saber yo que mi padre era el presidente de la Junta de Andalucía?"
Luego estaban nueras y primos. Casada con su hijo Iván, Rocío Cabet del Castillo, fue contratada por una empresa pública dependiente de la Consejería Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Extenda. Leonardo Chaves Marín, sobrino de Chaves, fue beneficiado por una adjudicación de obras que firmó su propi padre, Leonardo, para la empresa donde su hijo ejercía de aparejador.
Memorial de casos infames
Desde que Chaves llegó a Andalucía ha tenido que lidiar con algunos casos de corrupción anteriores a su llegada, como fueron los de Costa Doñana y Juan Guerra, pero otros bastantes lo señalan directamente a él y a sus próximos. Además de los casos de sus hijos y hermanos, se encontró con el caso de la creación de la RTVA, Canalsú en la jerga popular andaluz, donde se benefició a empresas productoras de amigos periodistas y presentadores del régimen.
Otro asunto espinoso derivado del Caso Guerra fue la llamada "trama de las tragaperras", vinculado a Juan Guerra, en el que Chaves se resistió a dejar caer a Francisco Morillo, delegado de gobernación en Sevilla como responsable de los hechos.
En 1992, estalló el caso Ollero, con Chaves de presidente. El caso "tocaba" políticamente a dos consejeros de la Junta, el titular de Obras Públicas, Juan José López Martos, era apuntado en el sumario como el máximo responsable de la adjudicación de una obra a la constructora Ocisa, previo cobro de una supuesta comisión por parte de la Junta. Fue absuelto pero no así sus subordinados. Junto a él, Jaime Montaner, consejero de Economía en cuyo departamento trabajaba un alto funcionario, Antonio Mena Anisi, implicado, como presunto informador, en la trama de los comisionistas.
La sospecha de corrupción se cernía sobre las infraestructuras andaluzas y en concreto sobre la autovía A-92. El caso Ollero consistía en pago de comisiones a cambio de la adjudicación de las obras públicas en carreteras andaluzas. Los hechos se remontaban a julio de 1992, cuando la Policía detuvo a Jorge Ollero, hermano del director general de Carreteras, Manuel Ollero, con un maletín con 22 millones de pesetas fruto de una supuesta comisión ilegal por la adjudicación de obras de la Junta en el tramo Las Pedrizas-Salinas de la A-92 en la provincia de Málaga.
Pero quizá el caso estrella que implicaba a Chaves directamente fue el caso del préstamo impagado por Manuel Chaves y otros dirigentes socialistas de Cádiz a la Caja de Ahorros de Jerez. Es más, se hizo desaparecer la información contable de aquel préstamo en el circuito informático de la Caja pasando a ser considerado como "quebranto". El caso estalló en 1995 y las elecciones andaluzas de 1996 impidieron la comisión de investigación exigida por la oposición y de este modo sigue sin investigarse el caso.
La Caja de Ahorros de Jerez, luego Caja San Fernando Sevilla Jerez y Cajasol, condonó de forma irregular los préstamos personales concedidos en enero y marzo de 1985 a 32 de los políticos más importantes del PSOE de Cádiz. El importe total de los préstamos, superior a 19 millones de pesetas, se destinó a las arcas del partido y nunca fue abonado por sus titulares. Uno de ellos era el de Manuel Chaves.
Luego hubo otros muchos, desde el caso Empresa Pública del Suelo de Andalucía donde los intereses de ciertas cuentas aparecían abonados en cuentas del PSOE, el caso del espionaje a los ex presidentes de las Cajas de Ahorro díscolos con el proceso de unificación con intentos de presionar a periodistas, el caso de sus hijos Paula e Iván y, por resumir y abreviar el caso de los ERE.