Nueva acción jurídico propagandística del separatismo. Nueve lesionados en las cargas policiales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 junto a la Asociación de Afectados del 1-O, Abogacía por la Democracia de Lérida y el grupo Atenas de Juristas por los Derechos Civiles se han personado en el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional con una querella contra la cúpula policial de Rajoy y los altos cargos del Ministerio del Interior por crímenes de lesa humanidad.
Según los letrados de estos afectados por las cargas (en las que según la Generalidad se produjeron más de mil heridos aunque dos años después TV3 ha rebajado la cifra a seiscientos), el dispositivo policial para requisar urnas y cerrar colegios entraría dentro del supuesto del artículo 607 bis del Código Penal, esto es un "ataque generalizado o sistemático contra parte de la población civil por motivo de la pertenencia de las víctimas a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos".
En un comunicado de los querellantes se apunta que el objetivo es "cumplir con las apelaciones de la ONU y del Consejo de Europa para realizar una investigación global, luchar contra la impunidad de altas autoridades españolas y a la vez descubrir verdades ocultadas y recuperar el tejido social dañado por el ataque a la población civil".
La denuncia va contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el coordinador del dispositivo policial, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, los jefes de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña, el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo y quienes ejercían las funciones de subdelegados gubernativos en las cuatro provincias catalanas.
Son varios los juzgados catalanes que investigan la actuación policial durante el golpe de Estado separatista. En el juzgado número 7 de Barcelona están siendo investigados jefes operativos y agentes de la actuación policial denunciados, entre otros, por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona. El titular de este juzgado, Francisco Miralles, ha recibido elogios por parte de colectivos separatistas radicales por ofrecer facilidades para denunciar a los policías.