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PSOE y ERC negocian sobre el traspaso a la Generalidad de los puertos y aeropuertos de Cataluña

Los socialistas valorarían la cesión de grandes infraestructuras a la Generalidad para desencallar la investidura de Pedro Sánchez.

Los socialistas valorarían la cesión de grandes infraestructuras a la Generalidad para desencallar la investidura de Pedro Sánchez.
La reunión de ERC y PSOE en Barcelona | EFE

Los aeropuertos de Barcelona, Sabadell y Gerona, los puertos de Barcelona y Tarragona, el servicio integral de cercanías de Renfe o la constitución de una agencia tributaria catalana con competencias extendidas para la recaudación y gestión de impuestos estatales son algunos de los puntos que negocian socialistas y republicanos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

En ese contexto resultan claves los papeles de José Luis Ábalos, titular en funciones de la cartera de Fomento, y Josep Maria Jové, quien fuera mano derecha de Oriol Junqueras cuando este ejercía de vicepresiente y consejero de Economía de la Generalidad de Cataluña. A Jové se le atribuye parte de la organización del referéndum ilegal del 1-O y la confección de un calendario con los pasos a dar para la proclamación de la república. Hasta su detención el 20 de septiembre de 2017 en el marco del registro de la consejería de Economía era tenido por un técnico solvente. Entonces estaba al frente de la Secretaría General de la Consejería de Economía.

Aena y Adif, en el foco

El traspaso de las grandes infraestructuras requeriría, en el caso de los aeropuertos, que la Generalidad creara una entidad similar a Aena para asumir el 51% de la concesión aeroportuaria. También se debería hacer lo propio con Adif, el gestor ferroviario estatal.

Según ha declarado el empresario Joaquim Coello en la emisora oficial de la Generalidad, el PSOE estaría valorando seriamente el traspaso de las citadas infraestructuras. Coello fue el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona de 2004 a 2006. Además, trató de mediar entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont durante el otoño de 2017 para evitar tanto la declaración de independencia como la intervención de la administración autonómica con el artículo 155 de la Constitución.

Las cesiones de infraestructuras y concesiones competenciales estarían ocupando parte de las negociaciones entre socialistas y republicanos a la espera de que los golpistas presos abandonen la cárcel y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre la eventual inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado.

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