El Gobierno socialista de Pedro Sánchez quiere eliminar el plazo máximo de las investigaciones penales para desgastar al PP. Según la fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el Ejecutivo se plantea derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECrim que fija el plazo máximo de una instrucción judicial al considerarlo "una limitación para luchar contra la corrupción".
La derogación del artículo 324 de la LECrim afectaría en primer lugar a la instrucción de la trama Púnica que debe finalizar después de 6 largos años este próximo mes de junio. A pesar de que en la causa, se investiga también a dirigentes del PSOE o de IU, en los últimos años se ha puesto el foco de atención en la supuesta financiación ilegal del PP.
Si el PSOE deroga el artículo 324 de la LECrim, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no estará obligado a finalizar la instrucción en 5 meses y de esta forma, "seguirá desgastándose la imagen del PP como partido afectado por la corrupción".
La trama Púnica estalló en octubre de 2014 y hay más de 270 imputados. Las acusaciones contra muchos de ellos, previsiblemente, serán archivadas, sin embargo, llevan sufriendo las consecuencias de estar imputados personal y laboralmente durante más de 6 años. Los populares también son investigados en la actualidad en otros causas corruptas como el caso Lezo y en algunas piezas del caso Gürtel.
Las mismas fuentes consultadas apuntan que la medida del PSOE que impulsaría el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, "se podría volver en contra de los socialistas", ya que si se elimina el plazo máximo de instrucción, "también afectará a causas de corrupción del PSOE como el caso de los ERE en Andalucía", en el que hay abiertas más de 120 piezas judiciales abiertas por investigar y juzgar.
De esta forma, el Ejecutivo plantearía con esta su tercera decisión polémica en el ámbito judicial tras proponer a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado y anunciar la reforma del Código Penal para suavizar la sedición y beneficiar a los golpistas catalanes del 1-O.
El Partido Popular reformó en el año 2015 el citado artículo durante el mandato del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, limitando los plazos para investigar judicialmente una causa a 6 meses. Dicho plazo se puede ampliar a 18, prorrogables hasta 36, si antes de que venza el instructor así lo decide, a petición del fiscal. Catalá aseguró que limitar los plazos para la instrucción era una "buena práctica" que daba "garantías" a los ciudadanos además de "dinamizar", "agilizar" y "acercar" la Justicia.
El pasado mes de septiembre, Podemos proponía la derogación del artículo 324 de la LECrim, recibiendo el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP. Muchas asociaciones de jueces y fiscales defienden dicha derogación sosteniendo que entorpece la investigación de las causas de corrupción. No obstante, sus defensores consideran que ayuda a "no eternizar las investigaciones judiciales. Una Justicia lenta, no es Justicia".
El articulo 324 de la LECrim
El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECrim establece que "las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este artículo".
"Si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del plazo máximo", añade este artículo.
La investigación se puede considerar compleja cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis o implique la realización de actuaciones en el extranjero.