El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se enfrenta a su primera querella por la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Según avanza La Información, la querella por un delito de encubrimiento ha sido presentada en el Tribunal Supremo por el consultor Ramón Trillo. El letrado Manuel Santaella ha pedido ejercer la acusación popular.
Pérez de los Cobos fue cesado como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, tras negarse a informar a sus superiores de las investigaciones que se estaban efectuando y afectaban al Gobierno en la causa del 8-M, instruida por la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. El pasado viernes, la magistrada archivaba la investigación al no encontrar suficientes indicios de delito de prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco.
La denuncia atribuye al responsable de Interior en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez un delito de encubrimiento al haber mentido públicamente sobre el motivo de la destitución de De los Cobos al afirmar que se trataba de una simple reestructuración de equipos en el seno del Instituto Armado.
La querella sostiene que Grande-Marlaska encubrió con su explicación en sede parlamentaria al menos dos delitos cometidos por sus subordinados. El de conspiración para cometer revelación de secretos, al exigir altos mandos de la Guardia Civil y la propia directora general del Instituto Armado, María Gámez, al coronel Pérez de los Cobos que les facilitara el atestado presentado. Y en segundo lugar, el encubrimiento de un segundo delito en la proposición para cometer infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.
El escrito también solicita a la Sala Penal del Supremo que se investigue a Grande-Marlaska por omisión del deber de perseguir un delito contra la Constitución, concretamente el cometido por funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
La querella repasa todos los hitos acaecidos las últimas semanas desde que la magistrada Rodríguez-Medel abriera diligencias para investigar si las autoridades cometieron algún tipo de irregularidad al autorizar la manifestación del 8-M en plena crisis del coronavirus. Por último, recuerda que la instructora del caso designó a la Guardia Civil como Policía Judicial especificando a los agentes de la Comandancia de Madrid que debían "guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas".