El Gobierno de Pedro Sánchez puede recibir la próxima semana hasta tres varapalos judiciales procedentes del Tribunal Constitucional. Ante esta situación, fuentes del Alto Tribunal consultadas por Libertad Digital descartan cualquier tipo de persecución al Ejecutivo socialista como deslizan desde la Moncloa. Su opinión al respecto es clara y contundente: "El Gobierno está haciendo mal las cosas".
Tal y como publicó este diario, en el próximo pleno del Alto Tribunal que arrancará el martes 5 de octubre está previsto que se estudien las sentencias sobre el 2º estado de alarma, el cierre del Congreso de los Diputados durante la pandemia de la covid-19 y la Prisión Permanente Revisable. Las tres podrían ser desfavorables para el Partido Socialista.
"Los magistrados se limitan a hacer su trabajo, si no para qué existe el Tribunal Constitucional", añaden a la espera de que el Ejecutivo continúe con su campaña de atacar al Alto Tribunal que inició la ministra de Justicia, Pilar Llop, tras conocerse la sentencia que declaraba inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma por la pandemia de la covid-19.
En este contexto, la sentencia que puede suponer más claramente el primer palo para el Gobierno es la del cierre del Congreso de los Diputados que recurrió Vox. La ponencia que se votará en el próximo pleno elaborada por el magistrado conservador Antonio Narváez sostiene que los acuerdos de la Mesa vulneraron el derecho al control parlamentario del Gobierno entre el 14 de marzo y el 13 de abril de 2020. Dicha propuesta de sentencia tiene muchos visos de prosperar y de recibir un apoyo mayoritario de los magistrados del Alto Tribunal.
Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que el propio Tribunal Constitucional ya sentenció en noviembre de 2018, 6 meses después de la marcha de Mariano Rajoy de la presidencia, que el Gobierno del PP vulneró la Ley al no someterse al control de las Cortes durante más de 10 meses en los que estuvo en funciones.
Concretamente, durante el periodo temporal en el que se convocaron las elecciones generales del año 2015 hasta que el líder popular volvió a ser investido presidente del Gobierno en octubre de 2016. En una sentencia unánime, los magistrados del TC consideraron que el Ejecutivo popular "menoscabó la atribución constitucional" del Congreso de los Diputados y destacaba que el control corresponde a las Cortes y negárselo "afectaría al equilibrio de poderes".
Segundo estado de alarma y prisión permanente
La sentencia sobre el segundo estado de alarma, recurrido también por Vox y cuya ponencia también ha sido elaborada por el magistrado Antonio Narváez, aún debe deliberarse en el próximo pleno de la semana que viene. Sin embargo, igualmente se espera que reciba un apoyo mayoritario, e incluso superior a la sentencia sobre el primer estado de alarma que declaró por 6 votos a favor y 5 en contra "inconstitucional" el confinamiento del Ejecutivo durante la pandemia.
Finalmente, el tercer varapalo judicial del TC sobre el Gobierno podría llegar de la mano de la sentencia sobre la Prisión Permanente Revisable aprobada por el Gobierno popular de Mariano Rajoy en el año 2015. Hasta la fecha, esta pena ya se ha aplicado en una quincena de casos graves de asesinato. Este recurso fue presentado hace 6 años por la oposición encabezada por el PSOE.
En este caso, la ponencia de sentencia ha sido elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Encarnación Roca, y ha recibido el visto bueno del presidente Juan José González Rivas para que se delibere en el citado pleno. Roca es considerada una buena jurista del denominado sector progresista. En la sentencia sobre el primer estado de alarma votó a favor de declararlo inconstitucional y denunció las presiones recibidas de la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.