Menos de tres de cada diez libros comprados en los últimos años por las bibliotecas públicas catalanas están escritos en español. Y sólo cuatro de cada cien libros de historia hablan de España, su historia y su diversidad cultural. Y todo ello en relación a los libros destinados al público infantil, según un estudio elaborado por la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB).
La entidad ha publicado un informe que revela que la política de compras de las bibliotecas públicas responde al "objetivo de transmitir al público infantil que la única lengua de cultura es el catalán y que además es la única lengua de los catalanes, siempre en sintonía con lo que ya aprenden, escuchan y perciben a diario en la escuela".
El informe destaca además que "esta política de discriminación del español, que facilita la exclusión de las referencias al resto de España, se completa con una selección de libros enfocados hábilmente al público infantil. Libros que, con las píldoras de información necesarias, permiten construir ese relato de agravios de España contra Cataluña que coincide con el que describe el programa 2000".
Tal programa es un proyecto ideado por Jordi Pujol y su entorno a principios de los años ochenta para preparar las bases de lo que degeneró en el proceso separatista a principios de la pasada década.
La AEB destaca también la introducción en las bibliotecas públicas de una amplia bibliografía dedicada al público infantil que ofrece un relato de lo ocurrido el 1 de octubre de 2017 absolutamente sesgado, con viñetas en las que policías aporrean ancianos y con explicaciones que presentan a España como un Estado totalitario en el que los catalanes están perseguidos por el mero hecho de serlo.
Hay una ausencia prácticamente absoluta de material literario que permita a los lectores menores de doce años acceder a "contenidos respetuosos con los programas educativos en lo que hace referencia a la Historia de España, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las tradiciones y a la diversidad lingüística".
De esta manera, las bibliotecas públicas dependientes de la Generalidad, los ayuntamientos y las diputaciones colaboran con el adoctrinamiento escolar en los centros públicos, al punto de convertirse en auténticas madrasas al servicio del separatismo para los más pequeños.