La asociación de víctimas Dignidad y Justicia continúa con su objetivo de hacer pagar a los jefes de ETA por los crímenes que ordenaron cometer durante los años en los que estuvieron al frente de la organización terrorista. Una iniciativa que también tiene como objetivo poner una solución legal a los 376 asesinatos de la banda que todavía están sin resolver y por los que nadie ha sido condenado.
Es por ello que han presentado un escrito en la Audiencia Nacional para incluir entre los acusados por el atentado en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006, en pleno negociación política entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la dirección de ETA, a los cuatro jefes de la banda en ese momento. Un atentado en el que murieron dos personas y cuya causa todavía está abierta en el tribunal.
La asociación que preside Daniel Portero apunta directamente contra Aitzol Iriondo Yarza Gurbitz, que era el responsable de la estructura de pistoleros de la banda; Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe Ata, que era el responsable de la estructura logística; Ainhoa Ozaeta Kuraia, responsable de la tesorería de ETA; y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea Josu Ternera, responsable estratégico de la organización terrorista.
Especifica que no incluye en la misma a otros dos terroristas que en esos momentos estaban en la dirección de la banda, Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina Txeroki y Francisco Javier López Peña Thierry, por diferentes motivos. En el caso del primero, porque ya está imputado en la causa del atentado de la T4. En el caso del segundo, porque su muerte estuvo muy cercana al momento en el que se decidió el atentado y no está claro si participó en la decisión.
Según refleja en el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, cree probada, por la forma de actuar de ETA y por diversos informes policiales, "la implicación directa de la cúpula de ETA en el atentado de la T4 de Barajas; que tal atentado fue, de hecho, seleccionado como objetivo por la Zuba –la dirección de la organización terrorista– y ejecutado siguiendo sus expresas y muy precisas instrucciones en cuanto a su modus operandi".
Ésta es la tercera querella que la asociación de víctimas pone en la Audiencia Nacional contra los miembros de las cúpulas de ETA durante sus cincuenta años de historia por los atentados y asesinatos que ordenaron cometer. La primera por la orden de acabar con la vida de Gregorio Ordoñez, quien fuera portavoz parlamentario del PP vasco. La segunda, por el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol Lombardero.