La Fundación Foro Libertad Alternativa ha recurrido la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de inadmitir la querella presentada contra la diputada y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Podemos, Ione Belarra, por un delito de calumnias. Belarra acusó en las redes sociales de prevaricación al Supremo tras la sentencia que condenó al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por patear a un policía.
El tuit publicado decía lo siguiente: "Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidenta del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación". En un comunicado, el CGPJ mostró entonces su "absoluto y rotundo rechazo" a las manifestaciones de Belarra "con mayor rotundidad que en otras ocasiones" porque atribuyen "la comisión de un delito a sus magistrados", una afirmación que "excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión". Por el contrario, el Supremo decidía la semana pasada rechazar la querella al considerar que las acusaciones de Belarra sí están amparadas por la libertad de expresión.
El recurso de 21 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, destaca que "las afirmaciones realizadas no se limitan a manifestar que el acusado Alberto Rodríguez fue condenado sin pruebas, sino que van mucho, muchísimo más allá. Lo que dicen es que fue condenado a pesar de las pruebas que demostraban que no se encontraba donde habían sucedido los hechos, que el objetivo no era impartir justicia, sino quitar el escaño a un diputado, que pretendían obligar a algo que no era lo que decía la sentencia y que los magistrados y el TS habían prevaricado".
"Entendemos", añade, "que este Alto tribunal difícilmente puede considerar que hay en estos momentos en el procedimiento una base fáctica que justifique razonablemente esas concretas manifestaciones. Pero si entiende que así fuera, creemos, con todos los respetos, que debería no sólo decirlo, sino señalar cuáles fueran éstas. Resulta claro y evidente que no hay en los autos, en este momento, una base fáctica que permita sostener de manera mínimamente razonable o justificada el brutal ataque difamatorio lanzado por la querellada contra los Excmos. Srs. Magistrados y contra el propio Tribunal Supremo. ¿O sí la hay?".
"No podemos obviar que se trata de un ataque injustificado, sin base fáctica razonable y realizado de mala fe por una persona que ostenta una posición dominante dado su carácter de miembro del Gobierno y realizada contra quien, dentro del sistema democrático, tiene la obligación de controlar su actuación. Si quien hace una manifestación calumniosa es miembro del Gobierno, su difusión es evidentemente mayor, entre otros motivos, por su recepción en medios y, además, su potencial efecto deslegitimador y la afectación al honor se ven exponencialmente incrementadas por la referida posición dominante y el carácter de autoridad de quien la emite, así como por estar revestida del prestigio que acompaña o debería acompañar al cargo", destaca el escrito.
"Nos parece claro", continúa, "que la apertura de un procedimiento penal contra una persona que dispone de los medios del poder ejecutivo y que se expresa desde esa posición dominante, no va a suponer una desnaturalización de su derecho a la libertad de expresión, el cual lo podrá ejercer, sin lugar a duda, siempre que no entre en el terreno de la grosera difamación carente de base fáctica o realizada de mala fe".
La acusación de Belarra afecta a la justicia y la democracia
Según la Fundación Foro Libertad Alternativa, "sí nos parece claro que permitir un brutal ataque a los miembros del poder judicial y al propio sistema de justicia, como el que aquí analizamos, realizado por una persona que es miembro del Gobierno de España, con una enorme difusión pública, genera un riesgo evidente de deslegitimación de la justicia y afecta al sistema democrático, desnivelando la relación entre el poder ejecutivo y el judicial. No se trata, por tanto, como ya hemos reiterado, sólo del derecho al honor de los magistrados y el Tribunal Supremo, sino que se afectan bienes de esencial valor para la democracia".
"¿Qué más se puede pedir?, ¿qué más sería necesario para que los hechos pudieran ser constitutivos de delito? Insistimos, si estos hechos no pueden ser, ni siquiera hipotéticamente y a salvo del resultado de la instrucción, antijurídicos, ¿qué acusaciones, injurias o calumnias contra los miembros del poder judicial podrían ser delictivas en el ámbito del debate público? Entendemos que la inadmisión definitiva de la querella estaría abriendo una puerta muy peligrosa para el equilibrio del sistema y que resultará", concluye.
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