La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha decidido reactivar el expediente sancionador contra el PP por presunta financiación ilegal sólo unas horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se reúnan en la Moncloa. Un encuentro en el que ambos tratarán la renovación del Consejo General del Poder Judicial CGPJ.
El Tribunal de Cuentas aprobaba por unanimidad el pasado mes de febrero abrir el citado expediente al PP en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León. La supuesta irregularidad es el ingreso de un total de 3.738 euros en las cuentas del Partido Popular, procedentes de personas jurídicas o de personas no identificadas durante el ejercicio 2017.
En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Tribunal de Cuentas ha convocado este miércoles un pleno extraordinario para abordar dicho asunto el próximo 19 de abril: "La presidenta del tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 4.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento de este tribunal, ha resuelto convocar una reunión extraordinaria del Pleno el día 19 de abril de 2022, a las 13:00 horas".
El primer punto del orden del día es el expediente sancionador al PP: "Propuesta de acuerdo de continuación del período de información previa a la formación política Partido Popular por presunta irregularidad consistente en la posible aceptación de donaciones o aportaciones contraviniendo lo dispuesto en el artículo 8 de la ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, según resulta de la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2017".
Tal y como desveló LD, los seis consejeros del PSOE, el consejero de Podemos, el nuevo fiscal jefe del tribunal Manuel Martín-Granizo e incluso los cinco nuevos consejeros del propio PP votaron en febrero a favor de abrir el expediente sancionador a los populares.
Cabe destacar que dichas irregularidades venían recogidas en un informe de fiscalización de partidos políticos, que aún no había sido aprobado por el pleno del tribunal, y cuyas ponentes eran la consejera a propuesta del PSOE y mano derecha de Chicano, Dolores Genaro, y la recién aterrizada expresidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez, que fue propuesta como consejera por el PP en sustitución de Margarita Mariscal de Gante.
Chicano sigue sin abstenerse
La presidenta del tribunal, Enriqueta Chicano, no se abstuvo durante la votación sobre la apertura del expediente sancionador al Partido Popular y sigue sin hacerlo en este asunto. Tampoco se lo han exigido los consejeros del Tribunal de Cuentas elegidos por los populares. Todo ella a pesar de que, tal y como publicó este diario, Chicano pidió iniciar una cruzada contra el PP y Vox por las leyes de género, remitiendo un correo electrónico a todo el personal del tribunal el 15 de enero de 2019 junto a un documento titulado "Ni un paso atrás", aprovechando su entonces cargo de presidenta de la Comisión de Igualdad de la institución.
En el citado documento, Chicano reclamaba frenar ambas formaciones por intentar limitar el efecto de las leyes de género impulsadas por los socialistas en Andalucía y afirmaba que "la bestia parda que anida en cada rincón de la patria quiere liquidar la Ley contra la Violencia de Género, y sustituirla, claro, por una Ley de Defensa de la Familia".
La normativa del Tribunal de Cuentas exige que "el personal que participe en los procedimientos fiscalizadores deberá actuar con la debida independencia respecto a la entidad fiscalizada". También señala que "no podrán participar en la fiscalización de una entidad quienes tengan algún interés personal en la misma". Según dicha normativa "cuando una persona designada para participar en una fiscalización o, en su caso, en el curso de la misma, apreciase la concurrencia de cualquier circunstancia que pudiese afectar a su independencia, imparcialidad u objetividad, lo podrá en conocimiento de la superiora o superior jerárquico, quién decidirá sobre su permanencia o sustitución en el equipo fiscalizador".