El nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, "siguió órdenes" de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para cercenar la causa del 1-O.
El pasado 13 de abril, en plena Semana Santa, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas rebajaba en un 62% la cantidad a reclamar a los golpistas del 1-O por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la denominada acción exterior. La propia Fiscalía General del Estado emitía el Miércoles Santo un comunicado en el que explicaba que su demanda contra los golpistas se fijaba en 3,4 millones de euros frente a los 9 millones solicitados inicialmente por el anterior fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital aseguran que "la actuación de Martín-Granizo perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales UPF de rebajar a un tercio la solicitud de la Fiscalía sólo se pudo producir siguiendo órdenes e instrucciones de arriba, de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado". La responsabilidad contable por el 1-O ha pasado por tanto de 3,9 millones a 1,2 millones, mientras que la demanda por la acción exterior se ha rebajado de 5,1 millones a 2,2. Ambas causas se juzgarán de forma conjunta.
"También es muy significativo que la rebaja de los 9 millones de euros iniciales a los 3,4 se diera a conocer en plena Semana Santa para que pasara desapercibida y a través de un comunicado del Gabinete de prensa de la propia Fiscalía General del Estado, en lugar de por una nota de prensa del propio Tribunal de Cuentas", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan el hecho de que "el anterior fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, pasara a convertirse en consejero tras el pacto alcanzado por el PSOE y el PP de Pablo Casado. Torres no presentó alegaciones y se manifestó a favor de la liquidación provisional de 9 millones de euros a los golpistas del 1-O que efectuó la anterior instructora del caso en el Tribunal de Cuentas, Esperanza García".
"Con la salida de Miguel Ángel Torres como fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y la llegada de Manuel Martín-Granizo se ha dado un giro de 180 grados en el criterio del Ministerio Público en esta causa, la Fiscalía se ha convertido en el abogado defensor de los golpistas", señalan.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana, personada en la causa como acusación, también se ha visto obligada a rebajar su demanda contable a los golpistas del 1-O a menos de 5 millones de euros, ante el temor de que se absuelva a los golpistas y sean condenados en costas a una cifra millonaria.
El PP pactó con el PSOE para desactivar el Tribunal de Cuentas
Tal y como publicó este diario el pasado mes de noviembre, el Partido Popular que dirigía Pablo Casado "desactivó" el Tribunal de Cuentas tras conocer que iba a tumbar los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación, en el marco del procedimiento abierto por el golpe del 1-O y su llamada "acción exterior". Por ello, los populares aceleraron la negociación con el PSOE y Casado ofreció el 13 de octubre en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renovar los órganos constitucionales.
Cabe destacar que el pacto alcanzado por socialistas y populares contempló la renovación de 10 de los 12 consejeros del tribunal. Concretamente, salieron los 7 consejeros que propuso el PP en la anterior renovación, 2 de los 4 que propuso el PSOE y también se cubrió la vacante de otro consejero socialista. Las únicas consejeras que se mantienen son dos de las propuestas en su día por los socialistas Enriqueta Chicano y Dolores Genaro, mientras que el fuera fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, pasó a desempeñar su labor como consejero.
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