El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado remitir al Juzgado Central de Instrucción Decano la denuncia sobre el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el programa Pegasus, para que proceda a su reparto.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes en una rueda de prensa sorpresa junto a la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, que el teléfono de Sánchez y el de Robles fueron infectados con el software Pegasus. Bolaños ha señalado que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional en los que se detallan los hechos.
Según consta en la propia denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por la Abogacía del Estado, los teléfonos móviles fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, entre los meses de mayo y junio de 2021.
En virtud de las normas de reparto, el Juzgado de Guardia "conocerá y asumirá la competencia de los atestados, denuncias o querellas que se presenten en la guardia por hechos acontecidos durante ese periodo de la guardia o al menos a partir de las 24 horas del viernes anterior al inicio de la misma".
Por tanto, el juez Calama ha procedido a enviar la denuncia a reparto porque los hechos tuvieron lugar entre mayo y junio de 2021. Tras el reparto, se conocerá qué magistrado de la Audiencia Nacional asume la investigación de la denuncia presentada por el Ejecutivo.
Se persigue el cese de la directora del CNI
Tal y como desveló LD, el caso del supuesto espionaje a políticos catalanes denunciado por la Generalidad de Cataluña y los independentistas "es un montaje para atacar a las instituciones del Estado". Así lo consideran las fuentes del propio Centro Nacional de Inteligencia CNI consultadas por este diario que recuerdan que el ataque de los independentistas catalanes y socios del Gobierno de Pedro Sánchez se está centrando en intentar derribar tres pilares del Estado "el CNI, la Casa Real o el Tribunal de Cuentas".
"Existe un gran malestar en el propio CNI por la presión que se está generando por parte de los independentistas con la connivencia del propio Ejecutivo del PSOE y de Podemos". "En el CNI no se realizan espionajes masivos, se efectúan seguimientos completamente legales y concretos por un periodo limitado de tiempo y con la autorización judicial del magistrado de enlace del Centro Nacional de Inteligencia en el Tribunal Supremo", apuntan.
La actividad del CNI está controlada por la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. "El CNI pide autorización judicial para investigar informaciones que sean de relevancia nacional e internacional. Sus acciones se centran en entradas y registros o intervenciones telefónicas que se deben justificar con el magistrado de enlace del CNI en el Supremo atendiendo a la proporcionalidad, la necesidad y la especialidad de la actuación. Toda la información que consiguen y sus actuaciones están sometidas al secreto oficial", destacan.
"El objetivo de los independentistas es desprestigiar al CNI como institución del Estado y la caída de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Previsiblemente, Robles no caiga y se acabe cesando como cortafuegos a la propia directora del CNI, Paz Esteban", afirman. Esteban se puso al frente del CNI en febrero de 2020 en sustitución de Félix Sanz Roldán.
"El Gobierno de Sánchez a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, está siguiendo el relato del supuesto espionaje a los independentistas porque le interesa hacer una ‘limpia’ en el CNI y cesar a Paz Esteban, que aunque vinculada al PSOE, es independiente", añaden.
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