El diputado del PP Alberto Casero ha negado ante el juez haber cometido presuntos delitos de prevaricación o malversación y ha apuntado a supuestos "errores administrativos". Casero saltó a la palestra por su supuesto error al apoyar en la votación del Congreso la reforma laboral del Gobierno.
Casero ha declarado como imputado durante más de hora y media ante el Tribunal Supremo en el marco de la causa en la que se investigan los acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018. Entre las contratos investigados, se encuentra la contratación de un psicólogo, una gala de premios, un convenio con la Cámara de Comercio de Perú o la promoción de la Feria Nacional del Queso.
A la salida del Juzgado, Casero se pronunciaba sobre su comparecencia ante el juez: "Yo creo que ha ido bien, una declaración con normalidad, tranquilo. He dejado claras unas cuestiones que evidentemente tanto el fiscal como el juez entendían que había que aclarar y, a partir de ahora, a esperar la decisión de la Justicia, que en eso estamos. Creía que no había nada que ocultar y creía que podía aportar cuestiones nuevas que aclararan algunas dudas que pudieran surgirle".
El juez instructor le citó para que prestar declaración voluntaria, ya que no se ha tramitado suplicatorio al Congreso, tras la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.
El tribunal concluyó que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procedía asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor --conforme al turno establecido-- al magistrado Andrés Palomo.
Los contratos bajo sospecha
Según la prueba documental y testifical aportada por el Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.
El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.
En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
La exposición razonada recogía, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL --un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo-- en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.
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