La Fiscalía Antidroga pide 9 años y nueve meses de cárcel para Gonzalo Boye, el abogado de cabecera del prófugo Carles Puigdemont, de la presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, y del expresidente de la Generalidad Quim Torra. A Boye se le acusa de blanqueo de capitales y de falsedad documental, actividades perpetradas para el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco.
Además de la petición de cárcel, la Fiscalía también reclama que se imponga a Boye una multa de 2.700.000 millones por el delito de blanqueo de capitales más 420.000 euros por el delito de falsificación de documento oficial.
La acusación se dirige contra 48 personas y media docena de sociedades implicadas en el intento de introducir en España un cargamento de más de cuatro toneladas de cocaína. En el escrito, a Miñanco se le pide una multa de 950 millones de euros y 31 años de prisión por tráfico de drogas. Las actuaciones judiciales parten de dos operaciones mediante las que la Policía logró interceptar 3,3 toneladas de cocaína en octubre de 2017 y más de seiscientos kilos un mes después.
El papel de Boye en el entramado del clan consistió, según el escrito de acusación, en intentar recuperar 889.620 euros que la Policía incautó en la maleta de un miembro de la banda en un control en el aeropuerto de Barajas. En ese caso, se le pidió a Boye que falsificara unos contratos de compraventa de letras de cambio a fin de obtener la devolución del dinero incautado. Así y según el escrito de acusación, Boye presentó dichos contratos de compraventa en el expediente administrativo "a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico".
La defensa de Boye aduce que su imputación es consecuencia de las declaraciones de dos de los investigados, uno de los cuales habría obtenido la libertad a cambio de inculpar al letrado de Puigdemont. También alegan que se trata de un escarmiento contra el abogado por su participación en los procesos judiciales que afectan a varios dirigentes separatistas, como la propia Borràs, que será juzgada en febrero por trocear contratos de la "Institución de las Letras Catalanas" para favorecer a un amigo.
La misma línea argumental es la que ha utilizado Puigdemont para defender a su abogado. En un mensaje en la red social Twitter, el prófugo ha asegurado que "he conocido esta barbaridad mientras estábamos en la comisión del Parlamento Europeo que investiga el escándalo Pegasus. Es una venganza y un ensañamiento contra Boye fruto de la impotencia porque les ha derrotado. Le quisieran dócil pero no se rendirá. Todo mi apoyo y agradecimiento".
He conegut aquesta barbaritat mentre érem a la comissió del @Europarl_CAT que investiga l’escàndol Pegasus. És una venjança i un acarnissament contra @boye_g fruit de la impotència. Perquè els ha derrotat. El voldrien manyac però no es rendirà.
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 29, 2022
Tot el meu suport i agraïment. https://t.co/GyyIytZauC
Condenado por colaborar con ETA
Gonzalo Boye ya fue condenado en 1996 a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Cumplió seis años que aprovechó para completar su licenciatura en Derecho.
Tras salir de prisión se especializó en casos mediáticos. Fue el letrado de una de las víctimas del 11-M y defensor de Rodrigo Lanza, acusado de dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona en el curso de un desalojo de un edificio "okupado". Años después, Lanza asesinaría a un hombre en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera española.
Boye es también miembro del Observatori Desc (derechos económicos, sociales y culturales), la plataforma donde comenzaron sus carreras políticas Jaume Asens, Gerardo Pisarello y Ada Colau.