La consejera del Tribunal de Cuentas propuesta por el PSOE, Rosario García, se ha rebelado contra la presidenta del tribunal Enriqueta Chicano por rebajar hasta un 40% las sanciones impuestas a los partidos políticos por financiación ilegal.
Chicano convocó un Pleno extraordinario el pasado 18 de octubre en el que se aprobó la propuesta para que todos las formaciones políticas se beneficien de esta rebaja encubierta si los infractores no recurren la sanción y la pagan pronto. Dicha rebaja figura en la Ley de Procedimiento Administrativo, pero el Tribunal de Cuentas no es una administración pública normal, sino un órgano constitucional, que cuenta con su legislación propia (la LOFPP). La medida propuesta por Chicano fue secundada por todo el Pleno, incluidos los consejeros nombrados a propuesta del PP, a excepción de una consejera propuesta por el PSOE.
El voto particular de 14 páginas emitido por la consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento propuesta por el PSOE Rosario García, al que ha tenido acceso Libertad Digital, discrepa de la medida de pronto pago aplicada a los partidos políticos sancionados apelando a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
"No existe, a mi juicio, ausencia de norma expresa o norma incompleta ‘que precise de la aplicación del régimen supletorio’, como requiere el Tribunal Supremo, y ello porque el pago voluntario y la ausencia de alegaciones no constituyen garantías del art. 25 de la Const. exigibles a todo ejercicio de la potestad sancionadora. En ese sentido no considero que la norma sancionadora ad hoc, LOFPP, requiera para su aplicación tener en cuenta otras garantías de la potestad sancionadora del art. 25 Const., y en consecuencia no puede ser completada con la regulación procesal sancionadora administrativa, en lo referido, al menos ahora, al pago voluntario o a la tramitación de la incoación como propuesta de resolución en defecto de alegaciones", apunta el voto particular.
"La decisión del Pleno, a juicio de esta Consejera, supone considerar estas infracciones como propiamente infracciones administrativas y en consecuencia aplica la regulación administrativa de forma supletoria, y la incoherencia, en términos argumentales y con todo respeto, a la opinión de la mayoría, se pone de manifiesto cuando el Acuerdo incluye la referencia del art. 85.3 LPACAP de que el pago voluntario y reducción de la sanción estará condicionado al desistimiento o renuncia a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción, puesto que, en estos supuestos, el art. 18. Nueve LOFPP establece que estas resoluciones sancionadoras son competencia del Pleno del Tribunal de Cuentas y son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo", añade.
"En cualquier caso, aunque esta Consejera admitiera a efectos meramente argumentales que la potestad sancionadora de este Tribunal se calificara como actividad administrativa del Tribunal de Cuentas (obviando la doctrina citada del Tribunal Supremo), tampoco ello supone la aplicación supletoria inmediata de cualquier regulación administrativa, como se ha expuesto supra, en la medida en que, en cualquier caso, se debe respetar la regulación especial del Tribunal sobre la materia (LOFPP), que tampoco ha establecido recursos administrativos en ese supuesto", insiste la consejera propuesta por el PSOE.
"No considero, siempre con el máximo respeto al criterio mayoritario, que además este Tribunal pueda atemperar la aplicación de las sanciones a los partidos políticos, cuando estamos ante infracciones que el Tribunal Supremo ha calificado específicamente como "no propiamente infracciones administrativas", y ello en atención a previsiones específicas para los ciudadanos, esto es, para las "infracciones propiamente administrativas", al menos cuando esta regulación sancionadora en la LOFPP resulte completa y no precise de la aplicación del régimen supletorio", concluye Rosario García.
Chicano endosa al exconsejero del PP a Rosario García
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por LD aseguran que "Rosario García mantiene en la actualidad una mala relación con la presidenta Enriqueta Chicano. García es pareja del jefe de Gabinete de la ministra de Defensa Margarita Robles y mantiene muy buena relación con la propia Robles. Por su parte, Chicano está enemistada con Robles y es cercana a la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo".
En este contexto de enemistad entre Enriqueta Chicano y Rosario García, las mismas fuentes consultadas por este diario sitúan el polémico ‘enchufe’ del exconsejero del PP Javier Medina: "Chicano ha impuesto a Medina en el Departamento de García con un puesto ‘ad hoc’ convirtiéndolo en el funcionario mejor retribuido del tribunal", apuntan. Mientras tanto, el sindicato UGT del Tribunal de Cuentas ha respaldado públicamente el fichaje de Medina, a pesar de que no han pasado los 2 años de inactividad (excedencia voluntaria) estipulados por Ley para volver a la Administración tras haber cobrado la indemnización.
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