La reforma del delito de malversación lanzado por el Gobierno en respuesta a sus socios de ERC provocará un terremoto en casos judiciales vinculados con la corrupción. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han señalado a Europa Press que así será y avanzan que su primera consecuencia será el escrito de acusación que se está preparando sobre la Operación Kitchen, relativa al presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
Las acusaciones formuladas por las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos reclaman respectivamente una condena de 47 años y 41 años de cárcel para el ex ministro de Interior. Las fuentes de Europa Press, mientras, avanzan que habrá cambios en la acusación que se formule y auguran que no será la única causa afectada.
Las mismas fuentes señalan que también se espera una sucesión de revisiones de condenas firmes, recordando la situación creada por la conocida como 'ley del solo sí es sí'.
Las citadas fuentes observan un tercer punto de impacto de la reforma de la malversación: la prescripción. Y ello porque una caída drástica de las penas conllevaría también un desplome en los plazos de caducidad de los delitos.
La consecuencia, explican dichas fuentes, es que aquellas causas donde las investigaciones arrancaron cuando la responsabilidad criminal estaba a punto de expirar podrían tener que cerrarse si esta reducción de los tiempos aboca a la conclusión de que cuando se abrieron ya no se podía perseguir penalmente.
No obstante, al mismo tiempo recalcan que este impacto estará amortiguado porque solo afectará a los casos que no hayan sido juzgados, por lo que los que cuenten con al menos una primera sentencia serán inmunes a este efecto.
La reforma de la malversación dibuja tres supuestos distintos: cuando haya ánimo de lucro, manteniendo las penas actuales (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación); y dos tipos nuevos: uno sin ánimo de lucro para "usos privados" (de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación).