PP, guardias civiles y policías, en alerta por la Ley de Seguridad Ciudadana que permitiría "incendiar las calles"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pisado el acelerador legislativo. Con el año 2022 en sus últimos suspiros, con las elecciones municipales y autonómicas en mayo, y los comicios generales en menos de 12 meses, está habilitando fechas a toda rapidez en el Congreso de los Diputados para aprobar las modificaciones legales que tiene comprometidas a la mayor brevedad posible. No quiere que le puedan enturbiar las próximas campañas electorales.

Es por ello que tanto el Partido Popular como sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil están en alerta desde hace varios días después de que el Gobierno y sus socios hayan reactivado la ponencia de la Comisión de Interior en la que se están pactando la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, el sobrenombre que le puso la extrema izquierda tras su aprobación.

La ponencia llevaba más de diez meses durmiendo el sueño de los justos en la Cámara Baja, pero la urgencia legislativa del Gobierno ha hecho que se reactiva este mismo miércoles. Un grupo de trabajo en el que participan de forma activa y casi coordinada PSOE, Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y Junts per Catalunya, y en el que la oposición representada por PP, Vox y Ciudadanos trata de evitar que la reforma legal se salga de madre.

Este martes, la portavoz del PP en materia de Interior, Ana Belén Vázquez, se ha reunido con los representantes de los cuerpos estatales para hablar de esa reactivación de la ponencia. Tanto en el PP como en los fuerzas de seguridad consideran que los pasos que están siguiendo el Gobierno y los partidos que le apoyan es el de modificar la ley en unos términos que dejaría prácticamente impune cualquier tipo de algarada callejera violenta.

El malestar desde que se empezaron a conocer los primeros artículos pactados se extendió no sólo entre los cuerpos policiales estatales, sino que se amplió a policías autonómicas y locales, lo que provocó una gran manifestación en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana hace poco más de un año. Después se sucedieron diversos actos más pequeños, lo que provocó que el Gobierno guardase temporalmente la modificación legal en el cajón.

Durante aquella manifestación, un veterano policía dio a Libertad Digital su versión de lo que estaba pasando: "Los sondeos electorales dicen que en las próximas elecciones generales puede haber cambio de Gobierno. Es como si el PSOE y, sobre todo, sus socios de Podemos y ERC, estuviesen dejando preparado un marco legal totalmente laxo para que puedan incendiar las calles de España en cuanto lleguen a la oposición".

Son muchas las reformas de la Ley de Seguridad ciudadana que no son vistos con buenos ojos por los agentes de las Fuerzas de Seguridad y los principales partidos de la oposición, pero sobre todas ellas destacan el hecho de que se quiera permitir la organización de protestas en la calle sin que haya comunicación previa o que se quiera limitar el uso de material antidisturbios, como las pelotas de goma, durante las intervenciones policiales ante algaradas callejeras.

También que las multas por disturbios callejeros vayan en función de los ingresos de los violentos, lo que les permitiría no pagarlas si se declaran insolventes; que los agentes de la autoridad pierdan en principio de veracidad en los atestados; dejar prácticamente sin sanción el hecho de portar estupefacientes en la vía pública; o la supresión de la prohibición de difundir sin autorización imágenes de policías, entre otros.