La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, deberá declarar como imputada en la Audiencia de Barcelona el próximo 13 de marzo, cuando faltarán algo más de dos meses para la celebración de las elecciones municipales. Tanto la alcaldesa como dos de sus concejales y una funcionaria municipal han sido denunciados por el fondo de inversión internacional Vauras, que presentó una querella después de recibir una multa de 417.000 euros por no ofrecer alquileres sociales a las personas desalojadas de un edificio "okupado" conocido como Bloque Llavors, en la calle Lleida de la capital catalana.
El fondo de inversión acusa a la alcaldesa de prevaricación, malversación y coacciones en un caso que se remonta a mayo de 2021, cuando los Mossos desalojaron por orden judicial el edificio adquirido por esa sociedad. Colau y los suyos aducen que el fondo Vauras debía ofrecer alquileres sociales a los ocupantes del inmueble, entre los que según la versión municipal había familias vulnerables. Al negarse, se le impuso una multa de 417.000 euros. Los representantes de esa sociedad alegan que se les coaccionó y se les amenazó con no concederles licencias de obras si no ofrecían nuevas viviendas en régimen de alquiler social a los desalojados.
Un juzgado de Barcelona archivó la denuncia del fondo de inversión alegando falta de pruebas en la querella así como falta de rigor, pero la Audiencia de Barcelona decidió reabrir el caso en abril del año pasado y ha citado a declarar al concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, a la funcionaria responsable de la "unidad antidesahucios" y a la propia alcaldesa. Todos ellos deberán declarar en calidad de investigados los próximos 11 y 13 de marzo.
Colau presume de gestión
Colau ha aprovechado la citación judicial para presumir de su gestión política en materia de vivienda y mostrar su confianza en que el caso volverá a ser archivado: "Como alcaldesa de Barcelona estoy muy tranquila. Colaboraremos con la justicia como hemos hecho siempre. No tengo ningún tipo de duda de que eso acabará archivado una vez más. Quiero reivindicar el buen nombre y el buen trabajo de los concejales, que trabajan cada día en nuestros barrios para defender a los vecinos y las vecinas de diferentes amenazas, entre ellas la especulación, siempre en estricto cumplimiento de la ley vigente".
Según la alcaldesa, la querella correrá la misma suerte que otras diez que ya fueron archivadas y ha añadido que "estamos más convencidos que nunca de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por eso algunos intereses muy poderosos reaccionan a base de querellas, pero querellas que ya nos estamos acostumbrando a que se archiven una tras otra y si pretendían asustarnos consiguen todo lo contrario. Estamos más motivadas que nunca para aplicar la legislación que defiende el derecho a la vivienda de nuestros vecinos y vecinas".
Serra desvincula a Colau
A pesar de tal exhibición de confianza por parte de Colau, el concejal Serra, otro de los investigados, ha querido subrayar que la alcaldesa "no ha participado en ninguna reunión sobre el asunto, no ha firmado ningún documento ni ningún expediente y por tanto su autoría es imposible".
El equipo de gobierno alega que en el inmueble vivían "okupas", pero también familias vulnerables a las que el fondo de inversión debería haber ofrecido un alquiler social en cumplimiento de la ley autonómica de 2015 que obliga a realojar a las personas "en riesgo de exclusión residencial".
El Ayuntamiento también desahucia
Este caso contrasta con el desahucio practicado en mayo del año pasado por el propio Ayuntamiento de un hombre de 59 años que vivía en un piso municipal y que acabó con esa persona arrojándose al vacío. La vivienda correspondía a los pisos de titularidad municipal que se construyeron para realojar a los inquilinos de las "Casas Baratas" del barrio del Buen Pastor de Barcelona. La titular de la vivienda era la madre, que falleció en 2018. A partir de ahí, el hombre dejó de pagar el alquiler.
La concejal de Vivienda, Lucía Martín, negó que el Ayuntamiento instara el proceso judicial de desahucio por el impago del alquiler. Según la versión de Martín, el hombre había sido denunciado por los vecinos por provocar problemas de convivencia, peleas, ruidos y por realquilar una habitación. La concejal considera que se daba un uso "ilícito" de la vivienda que fue lo que motivó que en febrero de 2020 el Ayuntamiento emprendiera el proceso de desahucio.
Un desahucio que acabó en suicidio
Ante el escándalo provocado por el suicidio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió un comunicado en el que da cuenta de que la demanda fue tramitada por el juzgado de Primera Instancia número 53 de Barcelona y que la parte demandante fue el Instituto Municipal de la Vivienda, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Barcelona. La denuncia data del 12 de febrero de 2020 y se fundamentaba en que el demandado "no disponía de título para vivir en ese piso" al ser la madre a quien se le había otorgado el derecho a residir en el inmueble.
La concejal Martín trató de defender la actuación del Ayuntamiento, aunque reconoció que el suicidio de esta persona "obliga a revisar los protocolos". El caso sirvió para que diera cuenta de que el Ayuntamiento dispone de unos once mil pisos y que en 2021 hubo 15 desahucios de viviendas municipales y 985 mediaciones. De los quince desahucios practicados, sólo en seis casos había gente dentro de la vivienda. El resto, accedieron de grado a entregar las llaves. Ninguno de los colectivos que habitualmente tratan de frenar los desahucios se personaron en estas ocasiones.