La Fiscalía del Tribunal Supremo está rechazando recursos de casación presentados por fiscales provinciales que piden mantener las penas iniciales impuestas a los violadores. Todo ello, a pesar de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí del Gobierno de Pedro Sánchez que elaboró el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian "la mala interpretación o propaganda que están realizando algunos fiscales al recurrir en casación las rebajas de condena o excarcelaciones acordadas por Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia de toda España, en aplicación de la Ley más favorable para el reo, es decir, la Ley del sólo sí es sí".
El Tribunal Supremo dejaba en evidencia en diciembre a Pedro Sánchez e Irene Montero al fijar que la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, (ley del solo sí es sí) es "obligatoria" por ser "más favorable" al reo, en la sentencia dictada al resolver los recursos de casación del 'caso Arandina'. El Alto Tribunal explicaba que "la acomodación de la pena al nuevo texto penal tras la LO 10/2022 es obligatoria por aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable al reo en virtud de ley posterior más beneficiosa, como en este caso ha ocurrido".
Las mismas fuentes fiscales consultadas por LD apuntan que "la Sala Penal del Supremo fue muy clara en su decisión y que, por tanto, no se entiende que algunos fiscales provinciales estén presentando recursos de casación. La Fiscalía del Supremo tiene la potestad de rechazar directamente esos recursos, antes de que sean estudiados por los magistrados de la Sala Penal".
Recordamos que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto en noviembre en el que unificaba criterios de actuación del Ministerio Fiscal ante la ley del solo sí es sí. El criterio establecido por el fiscal general consistía en que no se revisarían sentencias si la pena que se impuso sigue vigente en la horquilla que fija el Código Penal para cada delito tras el cambio legal.
Tal y como desveló este diario, la instrucción del fiscal general del Estado, era "pura propaganda gubernamental", ya que jurídicamente no aportaba nada distinto, salvo la conocida aplicación de los criterios generales de la Ley.
García Ortiz escenificaba incluso su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra de Igualdad Irene Montero dejándose fotografiar junto a ella en esas fechas. No obstante, su decreto sólo servía para parecer que la Fiscalía apoyaba la tesis del Ejecutivo sobre las revisiones de penas y para intentar aparentar que la Ley estaba bien diseñada.
Las rebajas a violadores se aplicarán durante años
Según publicó LD, las rebajas de pena a violadores de mujeres y niños con la ley del sólo sí es sí, seguirán aplicándose durante años. Hasta el momento, 500 violadores ya se han beneficiado por la Ley con rebajas en sus condenas y el número de excarcelados supera los 50. Cabe destacar que todos los Juzgados y Audiencias Provinciales aún no han remitido la información sobre los casos. No obstante, se ha contabilizado que hay al menos 4.000 presos en España por delitos contra la libertad sexual, cuyas condenas se tienen que someter a revisión y que todavía se está a la espera del resultado.
Tampoco se disponen los datos de los procedimientos pendientes de sentencia en los que la Ley del sólo sí es sí se aplicará retroactivamente. A estos hay que sumar los 4.000 de los agresores sexuales presos y los 400 casos ya revisados. La magnitud del desastre es enorme y la aplicación de la Ley goteará durante meses, o incluso años en el caso de los procedimientos pendientes de enjuiciamiento.
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