Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia de Administración Tributaria se ha saldado, por el momento, con ocho detenciones y varios registros, entre ellos el de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del gobierno de Cantabria, de la que es máximo responsable José Luis Gochicoa, del PRC, el partido del presidente cántabro Miguel Ángel Revilla.
Según informa EFE uno de los detenidos sería un jefe de servicio de la Consejería. Seis de las detenciones se han llevado a cabo en Cantabria, mientras que las otras dos han tenido lugar en Madrid. Por su parte, de los nueve registros realizados cinco han sido en empresas relacionadas con los contratos supuestamente irregulares, y otros en domicilios particulares, así como en la propia Consejería de Obras Públicas.
Las irregularidades habrían tenido lugar en contratos de mantenimiento de carreteras, que venían siendo investigados desde hace un año. José Luis Gochicoa ha negado cualquier conocimiento del asunto: "No tenemos absolutamente ni idea", ha asegurado. El consejero ha alejado cualquier opción de dimitir porque sería una "irresponsabilidad" y ha avanzado que "si hubiera irregularidades" su departamento se personará como perjudicado.
La oposición pide responsabilidades
La oposición en el Parlamento de Cantabria ha pedido la comparecencia urgente tanto la comparecencia de Miguel Ángel Revilla como la del propio Gochicoa para que expliquen lo sucedido. Los tres partidos han coincido en señalar la gravedad de un asunto que para el PP "huele mal", mientras que Ciudadanos ha subrayado que "todo apesta desde hace mucho tiempo". Vox, por su parte, ha señalado al jefe del gobierno cántabro como el "máximo responsable".
Por su parte, Revilla ha mostrado su confianza en que las supuestas irregularidades se esclarezcan y "caiga todo el peso de la ley sobre quienes hayan podido cometer un delito". Además, se ha ofrecido a dar "toda la información" que se pida a la administración regional y que así "se aclare si hay alguna persona que, siendo funcionario público, haya cometido algún tipo de delito".
El escándalo llega cuando todavía no se han apagado los ecos de otro no menor: el de los trenes diseñados sin tener en cuenta las características de las vías en Cantabria y Asturias, que ha supuesto un retraso de varios años en la renovación de unas flotas de Cercanías que llevan años dando numerosos problemas y sufriendo permanentes averías que afectan a la calidad del servicio.