En plena lapidación digital y mediática contra la enfermera gaditana que se quejó de que se exija el nivel C1 de catalán para optar a una plaza fija, las organizaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, así como 42 profesionales sanitarios que trabajan en Cataluña han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Instituto Catalán de la Salud (ICS) por lo que consideran "abusivo requisito del catalán" para consolidar sus puestos de trabajo.
En una nota hecha pública por Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana se especifica que "representamos a 42 profesionales de la salud, trabajadores en activo que han demostrado su plena capacidad para desarrollar su labor, y que ahora se encuentran con una injusta y arbitraria barrera idiomática para poder estabilizar su plaza.
Entre los 42 profesionales se encuentran cirujanos, personal de mantenimiento, enfermeras, auxiliares, médicos, celadores, técnicos y biólogos. En la actualidad ejercen su labor en Can Ruti, Vall d’Hebron, Bellvitge y en Centros de Salud.
A finales del año pasado, el ICS publicó la "convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante concurso de méritos y concurso oposición" en diferentes categorías, de los médicos y enfermeras al personal administrativo y de logística. La resolución establecía que en la mayoría de los puestos a concurso se exigirá el nivel C1 de catalán (nivel de suficiencia).
A modo de reacción, las dos entidades citadas recordaron que la Generalidad reclutó personal sanitario de toda España para hacer frente a la pandemia y que "las autoridades sanitarias catalanas no les pidieron titulación de catalán porque la necesidad apremiaba ante la situación de emergencia sanitaria. Ahora, después de tres años trabajando en el sistema de salud catalán, pueden acceder a esta convocatoria de estabilización de plaza, pero les exigirán un C1, a pesar de que ningún idioma les ha impedido realizar su trabajo hasta ahora".
Requisito inconstitucional
Ahora, la entidades denunciantes y esos 42 profesionales sanitarios argumentan en su demanda que "el nivel de catalán que se exige en todas y cada una de las categorías objeto de la convocatoria, es desproporcionado y está totalmente injustificado, habiéndose adjudicado por mero automatismo. Se trata de puestos de trabajo que están siendo desempeñados por trabajadores con plena satisfacción y que en muchos casos no disponen de nivel alguno de catalán".
Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana consideran que "se está imponiendo un requisito para participar en las convocatorias que impide que cualquier ciudadano español que no haya estudiado en Cataluña y que no tenga el nivel de conocimiento de catalán exigido, desmedido para las funciones a desempeñar, pueda participar en el proceso selectivo".
Los afectados son en muchos casos profesionales procedentes de otras partes de España que han podido desarrollar sus funciones hasta ahora sin que el idioma fuera un problema, por lo que los demandantes entienden que "la administración sanitaria catalana está imponiendo una diferencia de trato entre españoles por motivo de lengua que es inconstitucional".