Gabriel Rufián está convencido de que le siguen los espías a cada paso. De que su vida es grabada, minuto a minuto, por una especie de Stasi, más propia de los regímenes por los que él siente simpatía. Y ha pedido a su socio y presidente del Gobierno que prohíba la contratos públicos con agencias de investigación. Porque, según él, vive "en un Estado donde se espía impunemente a la oposición política, a activistas sociales, a abogados que trabajan en la defensa de un caso penal de naturaleza política o incluso a periodistas que hacen incómodas noticias o investigaciones".
Gabriel Rufián vive con miedo. Espiado. Perseguido. Acosado por los servicios de investigación nacionales. Y se ha defendido. Gracias a su cargo de diputado del Parlamento español con un sueldo de 129.747,24 euros anuales –9.267,66 euros mensuales en catorce pagas– ha presentado una proposición no de ley para reclamar a su socio y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acabe ya con los contratos con agencias de espionaje porque así no se puede vivir.
Rufián lo resume en un párrafo de su dolido escrito, donde describe su experiencia vital: "En un Estado donde se espía impunemente a la oposición política, a activistas sociales, a abogados que trabajan en la defensa de un caso penal de naturaleza política o incluso a periodistas que hacen incómodas noticias o investigaciones, cualquiera puede ser espiado por su actividad política. Porque es un Estado donde el espionaje está legitimado y normalizado como herramienta policial y política, de información y de chantaje".
Espionaje múltiple
Rufián lo explica. Porque, según él, en España han sido "objeto de espionaje ilegal a través de sus teléfonos móviles. La investigación de Citizen Lab demuestra técnicamente la utilización de vectores de infección diversos, con utilización de sistemas de ocultación del malware y de infiltración de máxima sofisticación (infección inadvertida a través de sistemas de zero-click), que generan una monitorización del terminal espiado que va más allá de la interceptación de comunicaciones, para suponer un acceso absoluto a todo su contenido". Y todo eso, según sus datos, para espiar "impunemente a la oposición política". Hay que recordar que llamarle a él oposición es yo todo un rasgo de generosidad.
Prosigue: "Las investigaciones publicadas señalaron esencialmente al software Pegasus, fabricado por la compañía israelí NSO y que permite la monitorización y extracción de datos de la mensajería instantánea, geolocalización, captura de pantalla, escucha de llamadas e incluso activación remota de cámara y micrófono. Al parecer, otros malware como Candiru también fueron utilizados en esta trama de espionaje". Y así, denuncia, "han sido espiados, entre otros, los Presidents de la Generalitat Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas, o los Presidents del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs; líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi, Marta Rovira, Jordi Sánchez o Anna Gabriel; líderes sociales como Marcel Mauri (Òmnium Cultural) o Elisenda Paluzie (ANC); abogados como Andreu Van den Eynde o Gonzalo Boye; e incluso parlamentarios europeos, del Congreso de los Diputados y del Parlament de Catalunya, como Jordi Solé, Antoni Comín, Diana Riba, Míriam Nogueras, Jon Iñarritu, Albert Botran, Ferran Bel, Albert Batet o Josep Maria Jové. Asimismo, también se han espiado a personas del entorno del President Puigdemont, el President d’ERC, Oriol Junqueras, o del expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart".
Rufián se duele por el hecho de que las autoridades investiguen –si es que lo ha han hecho en todos los casos que él menciona– a los que estaban implicados o relacionados con un golpe separatista contra España y su democracia. Y concluye que "ciertamente, estos espionajes no preocupan en una autoproclamada "Democracia plena" como la española. Es más, políticamente, son aplaudidos, normalizados y justificados, de manera que se legitima y, en consecuencia, se perpetúa el espionaje al disidente. Ni siquiera ha existido interés político, ¡democrático!, para crear una Comisión de investigación que estableciera quién espiaba, con qué finalidad y, sobre todo, si lo hacía con amparo legal o no y a las órdenes de quién".
Y, por todo ello, Rufián reclama al Gobierno, en primer lugar, "enviar, en el plazo máximo de tres meses, un informe a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional sobre las contrataciones públicas efectuadas con las empresas que han espiado o hackeado a alguna Administración Pública del Estado". Y, en segundo lugar "realizar las modificaciones legales oportunas para prohibir la contratación de empresas, así como sus matrices o filiales, que hayan espiado o hackeado a alguna Administración Pública del Estado".