El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha procesado a un total de 42 personas en el conocido como "caso Acuamed". La investigación en la empresa pública se ha centrado en la adjudicación y ejecución supuestamente irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo.
En un auto, el magistrado considera que los hechos son constitutivos de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
La resolución examina todas las obras investigadas en este procedimiento por la empresa ACUAMED, encargada de las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de ejecución y explotación de obras hidráulicas. Entre esas obras se encuentran el sistema de dotación de agua desde el embalse de cerro colorado al valle del Guadalentín (Murcia); el proyecto constructivo de las obras complementarias de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo y la Redonda Almería); el expediente de proyecto modificado de las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia); el contrato de redacción del proyecto, ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante) o las obras de eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona).
El juez da por indiciariamente acreditadas, tal y como expuso en su informe la Fiscalía, las irregularidades cometidas en cada uno de los contratos con el objeto de favorecer a determinadas contratistas. De acuerdo con el auto, a cambio de las adjudicaciones algunos de los procesados recibían diferentes dádivas.
En algunos de esos contratos, las comunicaciones intervenidas, indica el juez, evidencian que desde ACUAMED se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales, se facilitaba el trabajo al contratista permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que ACUAMED debía emitir, variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia del mismo hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la obra.
Sobre los denunciantes
El auto subraya que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal Francisco Valiente hasta abril de 2014, y más tarde Gracia Ballesteros, gerente Territorial, presentaron ante diversas instancias del Ministerio y de ACUAMED escritos comunicando las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos en unas concretas actuaciones de la empresa pública.
"Como toda respuesta se dejó de atender al primero y se le cesó, y se apartó de su estudio al Abogado del Estado Coordinador jefe del Convenio de Gestión Directa suscrito con ACUAMED, tal y como él mismo declaró, contratándose por la sociedad estatal a unos asesores externos", asegura. Igualmente, Ballesteros fue removida de su puesto.