La Guardia Civil ha aportado ya información sobre decenas de contratos adicionales a los cuatro que están siendo investigados en el caso Mediador por las sospechas de que pudieron albergar cohecho, prevaricación y tráfico de influencias para beneficiar a la trama del Tito Berni. Pero los investigadores han ampliado el radio de acción de las partidas de dinero y licitaciones analizadas porque los contratos sospechosos se encontraban dentro de lotes con más productos y mucho más dinero. Y es que el proyecto en el Sahel en el que penetró la trama del Tito Berni contó con 41,6 millones de la UE en total. Y todos ellos tenían los mismos sistemas de control y supervisión.
El programa marco se llamaba "GAR-SI SAHEL: Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel". La dirección correspondía a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas públicas (FIIAPP), una entidad dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero los fondos públicos empleados procedían de la Comisión Europea.
La documentación oficial del programa detalla que "el binomio seguridad y desarrollo se ha convertido en un elemento clave en la estrategia de la Unión Europea para la región del Sahel. Por este motivo, el Ministerio de Interior de España, a través de la Guardia Civil, ha propuesto llevar a cabo este proyecto". Para ello "la Comisión Europea, ha delegado en la FIIAPP su gestión", añade la explicación oficial. Eso sí, los mandos de la Guardia Civil que trabajaban en este proyecto de la Fundación pasaban a integrarse plenamente en la entidad del Gobierno hasta el punto de que sus nóminas eran pagadas por la FIAPP.
"El Sahel es una zona geográfica con una gran inestabilidad política. Esto provoca problemas en torno a la migración irregular y que haya presencia de grupos terroristas. Además de existencia de organizaciones criminales y de tráfico ilegal. El objetivo general del proyecto de Cooperación Delegada es contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización tanto de los países implicados como de los territorios regionales, incluyendo las zonas más aisladas y transfronterizas", señala esa misma documentación oficial.
El objetivo era amplio y los países en los que se actuaba, numerosos -Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Chad y Senegal-. Y eso implicaba que los fondos europeos destinados a este propósito no eran escasos ni mucho menos: "Sector: seguridad, paz y desarrollo. Presupuesto total: 41.600.000€. Financiador: Comisión Europea. Institución española colaboradora: Ministerio de Interior: Guardia Civil". El proyecto comenzó su andadura el "28/12/2016" y terminó el "28/10/2021". De hecho, los contratos sospechosos corresponden, por ahora, a los años 2020 y 2021.
Por todo ello, los investigadores han decidido aportar más documentación sobre decenas de contratos adicionales a los cuatro considerados por ahora como sospechosos a ojos de la Justicia por su relación con la trama del Tito Berni.
Ataque cibernético a la fundación
En los últimos días, sin embargo, ha ocurrido un hecho curioso. Y es que los ataques cibernéticos le han tocado ahora a esta Fundación. La propia entidad, en medio del proceso en el que algunos de sus contratos están siendo investigados por la Justicia por su vinculación con la trama del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, asegura que "este ataque no ha afectado al funcionamiento operativo de la Fundación y se están restableciendo gradualmente todos los servicios". La pregunta es si el atacante ha accedido a información clave y delicada o no.
La Fundación ha reconocido el "ataque cibernético a parte de los servidores de la FIIAPP". La Fundación ha denunciado, de hecho, "una intervención externa sobre parte de sus servidores". "La FIIAPP ha recibido un ataque cibernético, que afecta a parte de sus servidores. Los servicios de la web se vieron afectados temporalmente y se están restableciendo gradualmente otros servicios afectados", aclara la entidad