El centro penitenciario Las Palmas II es uno de los más conflictivos de España. Es una especie de cajón de sastre al que constantemente se envían presos que dan problemas en otras cárceles. Los funcionarios de prisiones trabajan entre amenazas, coacciones, agresiones y enfrentamientos entre internos. Una situación a la que hay que sumar los -cada vez más frecuentes- incidentes de naturaleza grave, que ponen el riesgo la vida de la plantilla y la población reclusa.
No hay más que ver el motín en el que derivó el apuñalamiento frustrado a uno de los internos que tuvo lugar el pasado viernes, 28 de abril. Dos hermanos intentaron matar a otro reo. Afortunadamente, los funcionarios de prisiones lograron impedirlo. Pero vivieron una escena realmente de película, según el relato de Milko Benítez, delegado de CSIF Prisiones en Las Palmas.
Un nutrido grupo de reos "se armó con pinchos carcelarios (un objeto punzante que fabrican un boli, un trozo de plástico, un cepillo de dientes, o cualquier cosa que se te pueda ocurrir) y empezaron una pelea tumultuaria". "Tuvieron que venir muchísimos compañeros, abandonando otros departamentos en los que también podía formarse un motín". Consiguieron separarlos y llevarse a los hermanos a aislamiento para controlar la situación.
Pero los internos no habían dado por terminada la disputa. Al caer la tarde, cuando llegó el momento de subir a las galerías, "otros dos internos de la misma nacionalidad empezaron a destrozar la celda, picar por el interfono, alentar al resto de presos del módulo para que se levantaran contra los funcionarios... Abrieron el agua de la celda, echaron jabón en el suelo y se armaron para que resbalaran y lesionarles cuando entraran a reducirles", explica Benítez.
El resultado: "varios compañeros heridos, con esguinces, contusiones, fracturas de dedos... y, a parte de una baja física, hay que tener en cuenta el daño psicológico". No acaban de acostumbrarse a desarrollar sus funciones en este clima de violencia que se respira en cárceles como esta, en la que han vivido en sus carnes incluso intentos de secuestro. "La prisión de Las Palmas II está en una situación límite".
Entre las más conflictivas
"Fue la cuarta prisión con incidentes regimentales más graves durante el año 2022", señala Milko Benítez, que -además de ser delegado de CSIF Prisiones en Las Palmas- es trabajador de la prisión. Un dato significativo teniendo en cuenta que hay 82 centros penitenciarios en todo el país. "Alberga a los internos más peligrosos de Canarias", añade. Tanto es así que "cuando un interno de otro centro de la comunidad autónoma da problemas, lo mandan allí".
Es una práctica habitual. En la península también se trasladan presos "que cometen una infracción grave o agreden a un funcionario, como medida disuasoria". En Las Palmas II, sin embargo, no cuentan con esa herramienta. Como tienen que "realizar el traslado de los internos por vía aérea" pueden llegar a pasar "semanas, e incluso meses" hasta que se ejecuta el castigo.
La plantilla es deficitaria
Cuando se hace, ya sirve de poco. Y mientras esperan a que se produzca, "aumenta la conflictividad del centro". "En ese tiempo, los reos conviven con otros internos que realizan también programas de tratamiento para para intentar que se adapten y pasen a un régimen ordinario de vida con menos limitaciones", dificultando así la ya complicada labor de los funcionarios encargados de su "reeducación".
En este punto, llegamos a una de las eternas demandas del sindicato al que representa Benítez. Las prisiones españolas adolecen de falta de recursos y personal. En concreto, el centro penitenciario Las Palmas II -en el que trabaja Milko- tiene una relación de puestos de trabajo (RPT) "muy deficitaria". Funciona con la plantilla que se estableció en 2011 para su apertura, cuando tenía seis módulos residenciales. Hoy son ocho. Y a éstos hay que añadir otro cinco que están operativos, como el de aislamiento o la enfermería.
Funcionarios en prácticas
CSIF ya solicitó ampliación de RPT en 2019. "Ni contestaron al escrito", asegura el delegado del sindicato en Las Palmas. Desgraciadamente, posteriormente "se produjo una escalada de agresiones, actos violentos, y motines". De forma que en 2022 -recuerda- hubo incidentes graves que se podían haber evitado, con la agresión a un médico al que le rompieron la nariz o varios intentos de apuñalamientos a funcionarios.
"Tenemos una falta de personal de al menos 50 funcionarios de vigilancia interior, que son los que están en contacto directo con los internos", explica Benítez. Pero desde el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, no hacen más que poner parches. Les envían "funcionarios en prácticas que vienen por un periodo establecido de aproximadamente unos 18 meses". Después, estos son nombrados "funcionarios de carrera y se marchan". Los que los sustituyen, vuelve a ser personal en prácticas, que "más bien viene a aprender".
Se sienten indefensos
Para los funcionarios de prisiones, buena parte de solución pasa por que se les considere agentes de la autoridad. "Es incomprensible que -cuando una persona comete un delito- las fuerzas y cuerpos de seguridad que la detienen sean autoridad, el juez ante el que la presentan y dicta una sentencia es autoridad... Pero una vez ésta es firme y el interno cumple su condena, los encargados de retenerlo y custodiarlo, que son los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, no somos agentes de la autoridad", asevera.
"En los centros penitenciarios españoles no disponemos de armas, sólo disponemos de medios coercitivos reglamentariamente establecidos, que son las defensas de goma, las esposas y los aerosoles de aplicación adecuada. Pero eso no lo portamos en el día a día con los internos. Sólo cuando se produce un incidente y por autorización del jefe de servicios", señala Benítez. "Clama al cielo", añade indignado. Se sienten indefensos.
Piden ser autoridad
Benítez tiene claro que si se les reconociese la condición de agente de la autoridad, cambiarían muchas cosas. Para empezar, si un interno les agrediese (a un funcionario), "la pena sería un delito de atentado que está regulado en el 550 del Código Penal y la pena va de 1 a 4 años". "Valdría como medida disuasoria. Al preso le va a llegar una condena y lo van a conocer el resto de reclusos. La próxima vez se lo piensan".
"Si seguimos con esta desprotección por parte del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska y el secretario general de Instituciones Penitenciarias -Luis Ortiz-, no sé dónde vamos a llegar", añade. "Somos los encargados de reeducar a los internos y estamos prácticamente vendidos", exclama. "Nuestra realidad es que estamos trabajando sin medios personales, sin medios materiales y encima sin la garantía de ser agentes de la autoridad",