El socio preferente del Gobierno, Bildu, acaba de realizar una peculiar petición de información al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hace coincidiendo casi en el tiempo con su recuperación para las listas electorales de un total de 44 terroristas etarras, siete de ellos condenados por asesinato. La información reclamada al Gobierno alude a un listado de todos aquellos agentes a los que se les ha retirado el arma en diez años.
La petición ha sido trasladada de forma oficial por medio de una petición registrada en el Congreso. El encargado de hacerlo ha sido el diputado Jon Iñarritu, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y exige contestación a las siguientes preguntas. La primera se refiere "a cuántos agentes de la Policía Nacional les ha sido retirada el arma reglamentaria y la placa (carnet identificativo) en los últimos 10 años (Por año y motivo)". La segunda es similar, pero con respecto a la Guardia Civil: "¿A cuántos agentes de la Guardia Civil les ha sido retirada el arma reglamentaria y la placa (carnet identificativo) en los últimos 10 años? (Por año y motivo)".
No se trata de la única reclamación de información de Bildu sobre policías, ni mucho menos. Entre las últimas peticiones de datos sobre el cuerpo de la Policía Nacional y el de la Guardia Civil también ha habido consultas sobre su uso de pistolas Táser y la participación en la Valla de Melilla.
Todo preguntas que parecen destinadas a tener una fotografía lo más concreta posible del funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Y todo ello sucede en las fechas cercanas a la presentación de las listas electorales de EH Bildu para las elecciones municipales y forales del 28-M en el País Vasco y Navarra, donde se ha podido comprobar la incorporación de hasta 44 condenados por colaboración o pertenencia a la banda terrorista ETA, siete de ellos directamente condenados por asesinato.
Hasta 44 etarras en las listas
Una de las integrantes de ese grupo de terroristas es, por ejemplo, Sara Majarenas Ibarreta, que formó parte del grupo Levante de ETA, que tenía como objetivo expandir el terror etarra por la Comunidad Valenciana.
En concreto, la terrorista mencionada fue detenida en febrero de 2005 en las cercanías de la plaza del ayuntamiento con pistolas, explosivos y una bomba lapa ya confeccionada, con todo un listado de objetivos entre los que se encontraba la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. También tenían información muy elaborada para asesinar a un jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Mislata, de un coronel médico del antiguo Hospital Militar y de un guardia civil. Y ella es ahora una de las integrantes de la candidatura de EH Bildu al ayuntamiento de Astigarraga, en Guipúzcoa, después de haber sido condenada por la Audiencia Nacional a 13 años y 10 meses de prisión por delitos de integración en organización terrorista, falsificación de documentos públicos oficiales (llevaba un carnet falso de guardia civil en el momento de su detención) y tenencia de armas y explosivos.
Otros de los terroristas etarras incorporados a esa lista son Agustín Muiños Dias Tinin, número 6 a la Alcaldía de Legutiano (Álava) condenado a 29 años de prisión por asesinato. O Begoña Uzkudun Etxenagusia, número 3 a la Alcaldía de Régil (Guipúzcoa), con una condena de 18 años de prisión por asesinato. O Juan Ramón Rojo González, número 21 a la Alcaldía de Irún (Guipúzcoa) con 30 años de prisión por asesinato. O, sólo por poner un ejemplo más, José Antonio Torre Altonaga, segundo suplente a la Alcaldía de Munguía (Vizcaya), con 20 años de prisión por colaboración en asesinato.