Los vocales izquierdistas maniobran para desgastar al PP con la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno de los jueces se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.
El TEDH declaró la semana pasada vulnerados los derechos de seis aspirantes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) a formar parte del CGPJ por no completar en tiempo y forma el proceso de renovación del órgano. El tribunal europeo afirmaba que se había violado el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que contempla el derecho a un proceso justo y/o al acceso a los tribunales. Además, apuntaba que la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de los candidatos vulneró su derecho de acceso a la Justicia. Horas después de conocerse el fallo, la Comisión Permanente del CGPJ anunciaba su intención de abordar la sentencia de Estrasburgo en su reunión de este miércoles.
Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital denuncian que "los vocales izquierdistas capitaneados por el presidente suplente de este órgano, Rafael Mozo, intentan utilizar la sentencia de Estrasburgo para intentar atacar al Partido Popular a escasas semanas de las elecciones generales del 23 de julio. El CGPJ no tiene que analizar, ni estudiar la sentencia del TEDH porque es un asunto que afecta al Tribunal Constitucional y no al Gobierno de los jueces".
Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "los vocales izquierdistas intentarán en la Comisión Permanente interpretar la sentencia del TEDH de una forma que el partido de Alberto Núñez Feijóo aparezca como el responsable de que la renovación del Consejo siga bloqueada".
Recordamos que los populares defienden frente a los socialistas una reforma de la Ley orgánica del sistema de elección de los vocales del Consejo para que sean los propios jueces los que designen a 12 de los 20 vocales del CGPJ.
En tramitar dicha reforma se tardarían cerca de 6 meses, ya que no sólo es importante el fondo sino el procedimiento en sí. Habría que dar voz al propio CGPJ, a las asociaciones judiciales o a la Comisión de Venecia para efectuar una modificación legal que respete las normas europeas y las de nuestra Constitución. Por ello, en el propio Consejo calculan que este organismo no se renovará antes de las navidades si el PP gana las elecciones.
El presidente suplente del CGPJ no ha devuelto su sobresueldo
Mientras tanto, un importante sector de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está indignado después de que el pasado mes de marzo se conociese que el sustituto de Carlos Lesmes al frente del CGPJ, el izquierdista Rafael Mozo, había estado cobrando un sobresueldo desde su elección. Las cantidades cobradas de más aún no han sido devueltas. Tras conocerse su sobresueldo, Mozo defendía la legalidad de sus retribuciones y anunciaba que renunciaba a percibir el salario que cobraba de más.
Fuentes del CGPJ consultadas por este diario denuncian que "Mozo fue elegido suplente de Lesmes, pero no es presidente y no puede cobrar como tal. Sus sobresueldos no se trataron en la Comisión de Asuntos Económicos del CGPJ, ni en la Comisión Permanente. En el acuerdo del Pleno tampoco se habló de su salario, ya que se acordó mantener a Mozo las atribuciones, honores y consideraciones de un presidente del CGPJ como recoge el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, los tratamientos a nivel protocolario, no las retribuciones salariales que tenía Lesmes. Por ello, antes de su jubilación el próximo mes se le exigirá que devuelva las cantidades que cobró de más".
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