El tribunal de la Audiencia Nacional que ha condenado a 19 años de cárcel al comisario José Villarejo y a 13 años a su socio Rafel Redondo ha decidido mantener a ambos en libertad provisional con medidas cautelares. Dicho tribunal formado por Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Echarri ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones para que ingresen en prisión.
En un auto, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal imponen a los dos condenados la obligación de comparecer en el juzgado de su domicilio cada quince días y también ante la Audiencia siempre que fueran requeridos, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada de pasaporte y la comunicación de cualquier cambio de domicilio.
La Sala considera que no solo se requiere para acordar el ingreso en prisión la existencia de una condena elevada, pues esta debe ir acompañada de circunstancias adversas que evidencien un riesgo de fuga. Y en este caso, señala que Villarejo ha atendido a todos los llamamientos judiciales y ha comparecido a todas las sesiones del juicio menos aquellas en las que se autorizó su ausencia. Apunta, además, que se personó sin demora en la Secretaría del Tribunal para que se le notificara la sentencia a pesar de que era conocedor del fallo condenatorio.
La Audiencia explica que Villarejo ha sido condenado a 19 años de prisión, pero no lo fue en virtud de un delito de extrema gravedad merecedor de tan severa sanción punitiva, si no que esa condena resulta de la adición de penas impuestas por delitos de encubrimiento y revelación de secretos de empresa y particulares (cuatro) y falsedad en documento mercantil (dos).
"El solo dato de las elevadas penas impuestas no conlleva una justificación autónoma suficiente para determinar la legitimidad de la adopción de esta medida, debiendo de apreciarse en conjunción con los demás requisitos, no bastando con atender solo a la gravedad de la pena concretamente impuesta", afirma el auto, haciendo referencia a la doctrina del TC en este sentido.
En el caso de Redondo, los magistrados tienen igualmente en cuenta que estuvo en prisión desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 14 de septiembre de 2018, que ha atendido los llamamientos del Tribunal y que ha comparecido a las sesiones del juicio oral salvo una que se le autorizó por fallecimiento de su padre.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordó en marzo de 2021 la libertad con medidas cautelares para el comisario, que había sido encarcelado en noviembre de 2017. En total, permaneció 3 años y 4 meses en prisión provisional.
La condena de 19 años a Villarejo
La Audiencia Nacional condenó la semana pasada a 19 años de cárcel a Villarejo por delitos de revelación de secretos de empresa en la pieza Iron y de particulares en la pieza Land, además de por falsedad en documento mercantil. Por otro lado, le ha absuelto de cohecho en ambas y de extorsión en grado de conspiración en la pieza Pintor.
En el caso de la pieza Iron, se juzgó la contratación de Villarejo por parte del bufete de abogados Herrero&Asociados para obtener información de un despacho de la competencia ante la sospecha de que les había robado la base de datos. La pieza Land se centró en la contratación de Cenyt para investigar el entorno del dueño de PROCISA por mandato de una de sus hijas, Susana, en el contexto de una pugna familiar por la herencia, mientras que en Pintor se indagó sobre el mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara a Villarejo para recabar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este, el ex juez Francisco Javier Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.
En total, fueron juzgadas 26 personas, además de Villarejo, entre ellos su socio Rafael Redondo, quien ha sido condenado a 13 años de cárcel por los mismos delitos que el comisario. Otras nueve personas eran condenadas a penas de entre tres meses y 2 años de prisión, mientras que 16 han sido absueltas, entre ellas la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, y su hijo, José Manuel Villarejo Gil, además de los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. En el caso de Enrique García Castaño, se le excluyó del juicio por enfermedad.
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