El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha visto consolidarse este martes una de sus peores derrotas políticas y judiciales desde que llegó al departamento. Esa derrota la ha oficializado su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, al restituir al coronel Diego Pérez de los Cobos, fulminado ahora hace más de dos años, como Jefe de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid.
La resolución viene publicada este martes en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y deja claro que la devolución al puesto se hace por obligación judicial y no por deseo de Interior: "De acuerdo con los dispuesto en la Sentencia número 424/2023 dictada por la Sección de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (…) he dispuesto destinar para el Mando de la Comandancia de Madrid (…) al coronel D. Diego Pérez de los Cobos Orihuel".
De este modo, y de momento, concluye la historia de un cese político -dictado el 25 de mayo de 2020- que fue provocado por la negativa del coronel Pérez de los Cobos a informar, tal y como ordena la ley, a la cúpula de Interior de las investigaciones que estaban llevando a cabo un equipo de sus subordinados sobre la convocatoria de la manifestación del 8-M a las puertas de la pandemia de coronavirus, y que abrió una profunda crisis en el seno del Instituto Armado.
No en vano, apenas unas horas después del citado cese fulminante, dimitió por estos hechos el por entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el máximo responsable no político del cuerpo, el teniente coronel Laurentino Ceña, debido al malestar interno que se había generado y por estar en contra de la destitución de un alto mando del cuerpo únicamente por haber cumplido con su deber y la legalidad vigente.
Ese malestar interno también se trasmitió públicamente a través de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que acusaron a Fernando Grande Marlaska y al Ministerio del Interior de poner en peligro el prestigio de la institución. En parecidos términos se expresaron entonces los principales partidos de la oposición al Gobierno (PP y Vox), que llegaron a hablar de caza de brujas por parte del máximo responsable de la seguridad en España.
El coronel Pérez de los Cobos comenzó entonces una batalla judicial en los tribunales contra su cese que pasó por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde se dio la razón al alto mando del Instituto Armado y se obligó al Ministerio del Interior a restituir a Pérez de los Cobos al puesto que tenía en el momento de ser cesado. Una sentencia emitida el 29 de marzo de 2023 y cuyo cumplimiento Interior ha estado postergando todo lo posible.