Las pruebas de que el Gobierno ha cobijado durante largo tiempo a Luis Rubiales al frente de la Federación se multiplican. Fotos de Rubiales con el presidente Sánchez, chats personales con él, un tesorero del PSOE al frente de la Federación y un sinfín de datos acompañan a una relación nunca explicada oficialmente que se ha visto jalonada con innumerables escándalos en el seno de la Federación y, todo ello, sin que el Gobierno moviera un dedo. Una de las últimas muestras de esta permisividad se produjo hace un año y a raíz de la denuncia de Miguel Ángel Galán. Una denuncia que comenzó por las comisiones de 24 millones que relacionaron a Gerard Piqué con la salida de la Supercopa a Arabia Saudí y que fue ampliada por la denuncia del jefe de gabinete de Rubiales —su propio tío— por desviar dinero de la entidad a una fiesta con "chicas jóvenes" en un chalé de Salobreña. Y a todo ello la respuesta del secretario de estado del Deporte de Pedro Sánchez fue rotunda: ni un paso "mientras la autoridad judicial" no hable.
El documento que hoy publica Libertad Digital muestra la respuesta dada por el Consejo Superior de Deportes —dependiente del Gobierno— y José Manuel Franco —secretario de estado del Deporte del ministro Iceta en el mismo Gobierno de Pedro Sánchez— ante la petición de Miguel Ángel Galán —presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE)— de activar los mecanismos de control de la administración ante las noticias que surgían por aquellas fechas de innumerables escándalos relacionados con Rubiales y el uso irregular de los fondos de la Federación.
Innumerables escándalos
Por esas fechas saltaba el escándalo de las comisiones millonarias —24 millones de euros— por llevar la Supercopa a Arabia Saudí, saltaba el escándalo del suplemento salarial de Rubiales en concepto de vivienda; el escándalo de compra de árbitros —forman parte de la Federación y han mostrado su lealtad a Rubiales ante los últimos escándalos— en favor del Barça; el de la fiesta de Salobreña con "chicas jóvenes"; el del uso de fondos de la Federación para investigar a sindicatos deportivos; el de intentar dar una dotación económica al padre de Rubiales; todo ello según las denuncias y testimonios surgidos, en muchos casos tomados en consideración por la Justicia.
Y la respuesta del equipo de Pedro Sánchez fue la siguiente: "Con fecha 28 de julio de 2022, ha tenido entrada en el Consejo Superior de Deportes (CSD) escrito presentado por D. Miguel Ángel Galán Castellanos, por el que solicita a este organismo que se requiera al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), para que incoe expediente disciplinario a D. Luis Rubiales Béjar, Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por la comisión de una serie de hechos que podrían constituir infracción administrativa tipificada en el artículo 76 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (LD)".
La respuesta, firmada por José Manuel Franco, señala que "dicho escrito plasma el contenido de la denuncia que con fecha 30 de mayo de 2022, presentó la Fiscalía de Área de Gijón del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias contra D. Luis Rubiales Béjar, Presidente de la RFEF, José Ramón Cuetos, Presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA), Ramón Emilio Alonso, José Manuel Suárez, Carlos García Conde y la empresa Alonso López Dit S.A., con continuas remisiones a ésta". Y, pese a reconocer en la redacción que "el artículo 84.1.b) de la LD atribuye al TAD, entre otras, la función de "tramitar y resolver expedientes disciplinarios a instancia del Consejo Superior de Deportes y de su Comisión Directiva, en los supuestos específicos a que se refiere el artículo 76 de la Ley del Deporte", previsión que se reitera en el artículo 1.b) del Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición, organización y funciones del TAD", considera que es mejor esperar a ver qué ocurre en la Justicia.
"El artículo 76 de la LD, por su parte, tipifica las infracciones muy graves, graves y leves a las reglas del juego o competición o a las normas deportivas generales. La competencia del TAD para ejercer la potestad sancionadora en relación con las citadas infracciones exige como requisito la previa emisión de una petición razonada, en el sentido de requerimiento o instancia, por parte del Presidente del CSD o de su Comisión Directiva", señala Franco. Y añade que, "así las cosas, corresponde al CSD, ante la recepción de una solicitud, valorar si los hechos a los que se refiere la misma presentan indicios de poderse incardinar en alguna de las infracciones recogidas en el mencionado artículo 76 y, en este caso, proceder a remitir una petición razonada al TAD para que tramite y resuelva el correspondiente expediente disciplinario".
Subordinación a la actuación judicial
Franco admite que "este CSD ha tenido conocimiento de que con fecha 21 de junio de 2022, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón, ha acordado, a raíz de la citada denuncia de la Fiscalía de 30 de mayo de 2022, incoar diligencias previas por presuntos delitos de tráfico de influencias y de cohecho contra D. Luis Rubiales Béjar y el resto de las personas denunciadas por el Ministerio Fiscal". Pero que, puesto que existe doctrina constitucional que avala la "subordinación de los actos de la Administración de imposición de sanciones a la Autoridad judicial", prefiere esperar a ver qué hace la Justicia.
Por ello, "de conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta que el escrito presentado se basa en su práctica totalidad en el contenido de la denuncia del Ministerio Fiscal que ha traído causa la incoación de diligencias previas por presuntos delitos de tráfico de influencias y de cohecho", el CSD con Franco a la cabeza optó por acordar "en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas en relación con la formulación de petición razonada al TAD, suspender las actuaciones previas mientras la Autoridad judicial no se pronuncie sobre los mencionados hechos". Firmado: "El presidente del Consejo Superior de Deportes. José Manuel Franco Pardo".
Resultado: mejor no hacer nada hasta ver qué decide la Justicia.