Expertos juristas consultados por Libertad Digital sostienen que la propuesta sobre la Carta Magna planteada por el lehendakari Iñigo Urkullu "busca una reforma de la Constitución por la puerta de atrás".
Urkullu planteaba la semana pasada un pacto entre el Estado y las "nacionalidades históricas" (País Vasco, Cataluña y Galicia) para "actualizar la interpretación acordada" del contenido de la Constitución española de 1978 y cambiar así el modelo territorial. Dicho pacto saldría de una "convención constitucional" que "interpretaría" la Constitución; previamente, todas las partes se comprometerían a reconocer la "plurinacionalidad" de España y la "capacidad de decidir" de esos territorios.
Las fuentes consultadas por LD destacan "el alto nivel de autogobierno que poseen en la actualidad las Comunidades Autónomas en distintas materias como prisiones o seguridad. La Constitución no se puede reinterpretar. En todo caso se podría plantear una reforma de la Carta Magna. En este caso, sería necesaria una reforma agravada de la propia Constitución que requiere una mayoría cualificada y es un proceso muy largo y complejo".
Las mismas fuentes consultadas por este diario rechazan los eufemismos de Urkullu: "Lo que el lehendakari denomina ‘convención constitucional’ es en realidad una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna. La propuesta de Urkullu sería poco viable, ya que Pedro Sánchez no dispone de la mayoría cualificada necesaria en las Cámaras".
El procedimiento agravado de reforma viene descrito en el artículo 168 de la Constitución española. Dicho procedimiento es obligado cuando la propuesta sea de revisión total de la Constitución o cuando, siendo parcial, afecte al Título Preliminar, a la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I, o al Título II. Recordamos que el Título Preliminar proclama los principios y valores básicos del ordenamiento constitucional.
Esta reforma agravada es considerablemente más compleja que el procedimiento ordinario. Así la recoge la Carta Magna: "Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación".
Las reacciones desde el Gobierno y el PP
Horas después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, propusiera en el diario El País "reinterpretar la Constitución" de espaldas a los españoles, para declarar un "Estado plurinacional", Félix Bolaños afirmaba que veía la propuesta "legítima" y "positiva". "Valoro siempre muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de encuentro entre diferentes, dentro del marco constitucional, que es lo que propone el lehendakari", apuntaba. De esta forma, el ministro de la Presidencia en funciones ya encuadraba dentro de la propia Carta Magna la exigencia hecha por Urkullu, antes incluso de nombrar una convención constitucional para decidir al respecto, como pide el presidente vasco.
Aunque Bolaños ha dicho que "no es su propuesta", reiteraba que es "muy positivo" hacer este tipo de propuestas porque "todos entendemos que nos tenemos que poner de acuerdo entre diferentes", dando alas a Urkullu de cara a una investidura. De esta forma, ni siquiera sería necesaria la convocatoria de un referéndum ilegal para la independencia, ya que ésta quedaría recogida bajo esa "reinterpretación" de la Constitución que se llevaría a cabo sin previa consulta a los ciudadanos. Desde el PP, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuntaba que "está bien" dialogar para avanzar en autogobierno, como plantea el dirigente del PNV, "pero sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución".
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