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Indignación con la traición de Segoviano: "En el TS criticó la Ley de Sánchez sobre el CGPJ y luego la avala en el TC"

Fuentes jurídicas consultadas por LD denuncian que "el aval de la magistrada izquierdista es una traición entre sus excompañeros del Supremo".

Fuentes jurídicas consultadas por LD denuncian que "el aval de la magistrada izquierdista es una traición entre sus excompañeros del Supremo".
La magistrada María Luisa Segoviano. | Poder Judicial.

La decisión de la magistrada izquierdista María Luisa Segoviano de avalar con su voto en el Tribunal Constitucional la Ley del Gobierno de Pedro Sánchez que bloquea los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se encuentra en funciones ha provocado una gran indignación en el seno del Tribunal Supremo y del CGPJ.

El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido allanaba a Sánchez el asalto al Poder Judicial hace 10 días tras aprobar la citada reforma del Ejecutivo para maniatar al CGPJ. La mayoría del tribunal que integra Segoviano de 7 magistrados izquierdistas frente a 4 conservadores tumbaba los recursos de inconstitucionalidad presentados por Vox y PP. Se imponía así la ponencia de sentencia de la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer frente a la del magistrado conservador César Tolosa.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el aval de la magistrada izquierdista María Luisa Segoviano a la Ley de Sánchez sobre el CGPJ ha sido considerado una traición entre sus excompañeros del Supremo y los vocales del Gobierno de los jueces". Cabe destacar que Segoviano antes de ser elegida magistrada del TC fue presidenta de la Sala Cuarta del Supremo (Sala de lo Social) y por tanto, integraba la Sala de Gobierno del Alto Tribunal.

"Cuando estaba en el Tribunal Supremo era la primera que criticaba la Ley del Gobierno de Pedro Sánchez que impide al CGPJ realizar nombramientos en funciones y que ha provocado el colapso de la justicia en toda España. De repente, es designada magistrada del Constitucional, se olvida de sus antiguos compañeros, cambia radicalmente de criterio y avala la Ley", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que "Segoviano cuando era magistrada del Supremo llegó a afirmar que la citada norma del Ejecutivo era intolerable y que no tenía encaje en la Constitución".

Ante la imposibilidad de un eventual pacto de renovación del CGPJ entre PSOE y PP, la justicia está colapsada con esta Ley del Gobierno. Sólo en el Supremo, se contabilizan 22 vacantes de magistrados de las 79 plazas que componen sus Salas. No obstante, las plazas judiciales sin cubrir afectan a otros tribunales como la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) o las Audiencias Provinciales. Según los últimos datos del CGPJ, se espera que a finales de este año el número de plazas sin cubrir supere las 80. No obstante, este recuento no incluye los datos de la justicia militar, donde se contabilizan otras 19 vacantes sin cubrir.

No es la primera polémica que protagoniza Segoviano. Tras su designación, fue preguntada en una entrevista por la autodeterminación y afirmó que "es un tema sumamente complejo con muchas aristas" que conviene estudiar, pasando así por alto la propia doctrina del Constitucional sobre esta materia.

El TC certifica el bloqueo al Poder Judicial

Tal y como publicó este diario, la sentencia del Tribunal Constitucional ha certificado que el Poder Ejecutivo y el Legislativo pueden paralizar al Poder Judicial, que es el encargado de supervisar su actividad. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por PSOE y Podemos, entró en vigor en 2021 para presionar al PP en la renovación de CGPJ, colapsando el sistema judicial. PP y Vox presentaron entonces sendos recursos de inconstitucionalidad, cuya ponencia recayó en los magistrados izquierdistas María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. Tras la marcha de Xiol en la última renovación del TC, el magistrado conservador César Tolosa heredaba su ponencia sobre este asunto.

Recordamos que el Consejo General del Poder Judicial venció su mandato en diciembre de 2018 y Carlos Lesmes dimitió después de que PSOE y PP no consiguieran alcanzar un acuerdo para renovar el CGPJ. El Gobierno de los jueces tiene dos funciones principales: realizar nombramientos y exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados. Por lo tanto, la reforma del Ejecutivo de Sánchez priva al Consejo de una de sus dos competencias clave.

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