El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, allanará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el asalto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Tribunal de garantías celebra este lunes un Pleno monográfico sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por Vox y PP contra la reforma del CGPJ aprobada por el Ejecutivo, que impide al Poder Judicial realizar nombramientos estando en funciones.
La ponencia de la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer contempla desestimar el recurso de Vox, mientras la ponencia del magistrado conservador César Tolosa se decanta por estimar el recurso del PP. El bloque izquierdista del TC tiene mayoría de 7 magistrados frente a 4 conservadores. Por lo tanto, se dictará sentencia previsiblemente con la ponencia de Balaguer y el Constitucional avalará así la Ley de Sánchez que maniata al CGPJ.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el Tribunal Constitucional certificará con su sentencia que el Poder Ejecutivo y el Legislativo pueden paralizar al Poder Judicial, que es el encargado de supervisar su actividad. Esto es un hecho gravísimo que hace saltar por los aires la separación de poderes en España". Cabe destacar que los nombramientos es la atribución nuclear que otorga la Constitución al CGPJ.
Las mismas fuentes consultadas afirman que con Sánchez en el poder "España está viviendo ya una autocracia. Este ataque frontal al Estado de Derecho no puede salir gratis al Gobierno, ni al Tribunal Constitucional que preside Conde-Pumpido. El objetivo que hay detrás de esta decisión es señalar y culpabilizar al Partido Popular como responsable del bloqueo en la renovación del CGPJ y despejar el camino a Sánchez".
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada por PSOE y Podemos, entró en vigor en 2021 para presionar al PP en la renovación de CGPJ, colapsando el sistema judicial. PP y Vox presentaron entonces sendos recursos de inconstitucionalidad, cuya ponencia recayó en los magistrados izquierdistas María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. Tras la marcha de Xiol en la última renovación del TC, el magistrado conservador César Tolosa heredaba su ponencia sobre este asunto.
Recordamos que inicialmente la reforma aprobada por el Ejecutivo impedía al CGPJ realizar cualquier tipo de nombramientos. Meses después, con el objetivo de efectuar la renovación del TC pendiente y que daba la mayoría actual a los magistrados izquierdistas bajo la presidencia de Conde-Pumpido, el Gobierno efectuó una contrarreforma para que el Consejo únicamente pudiese designar a los dos magistrados correspondientes del Tribunal de Garantías.
El Consejo General del Poder Judicial venció su mandato en diciembre de 2018 y Carlos Lesmes dimitió después de que PSOE y PP no consiguieran alcanzar un acuerdo para renovar el CGPJ. El Gobierno de los jueces tiene dos funciones principales: realizar nombramientos y exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados. Por lo tanto, la reforma del Ejecutivo de Sánchez priva al Consejo de una de sus dos competencias clave.
Mientras tanto, la justicia colapsada
A la espera de que el Tribunal Constitucional avale la Ley del Gobierno de Pedro Sánchez que impide al Consejo General de Poder Judicial realizar nombramientos con el mandato prorrogado, un eventual pacto de renovación del CGPJ entre PSOE y PP parece estar más lejos que nunca, condenando así a la justicia a su situación actual de parálisis. Sólo en el Tribunal Supremo, se contabilizan 22 vacantes de magistrados de las 79 plazas que componen sus Salas.
No obstante, las plazas judiciales sin cubrir afectan a tribunales de todo el país como la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y las Audiencias Provinciales de toda España. Según los últimos datos del CGPJ, se espera que a finales de este año el número de plazas sin cubrir supere las 80.