La Audiencia Nacional ha enviado a juicio por delitos de terrorismo a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que planeó supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019.
La Sección Tercera de la Sala Penal ha acordado la conclusión del sumario y la apertura de juicio oral contra una docena de CDR procesados en esta causa por delitos como pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista.
Esta es una de las causas abiertas en la Audiencia Nacional que podría ser susceptible de encuadrarse en una futura ley de amnistía que estos días se encuentra en plena negociación entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes (ERC y Junts).
La mayoría de los procesados en esta causa fueron detenidos en septiembre de 2019 en la conocida como Operación Judas por planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del 1 de octubre, fecha en la que se celebró -dos años antes- el referéndum independentista catalán, declarado ilegal; y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas del 1-O..
El pasado mes de junio la Fiscalía solicitó a la Sala abrir juicio contra los doce investigados, mientras que algunas defensas pidieron revocar el fin del sumario y seguir practicando diligencias de investigación o archivar la causa ante ausencia de indicios del delito de pertenencia a organización terrorista. El tribunal explica que otras de las diligencias solicitadas pueden acordarse en el momento del juicio y rechaza en este momento archivar el proceso penal al no concurrir los presupuestos previstos en la ley.
Según la tesis del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que investigó los hechos, Manuel García Castellón, los investigados habrían conformado "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados" utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en laboratorios clandestinos.
El juez acordó procesar a 13 investigados, entre los que figura quien fuese teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona), Queralt Casoliva (CUP-Amunt), si bien acabó archivando el procedimiento contra uno de ellos por problemas de salud.
De acuerdo a su tesis, los investigados, agrupados en el autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula radical de los CDR, habrían participado en cortes de carretera, en la creación de los centros de coordinación (CECOR) y asumieron el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para que aportasen infraestructura logística para acometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlamento de Cataluña.