Bildu sigue avanzando en su recuperación de supuestos elementos que desacrediten la etapa democrática española para justificar una amnistía para los etarras. El partido de Arnaldo Otegi quiere cobijar a los asesinos de la banda terrorista bajo la ley de amnistía y pretende justificar que eran luchadores contra una falsa democracia, para lo que, ahora, quiere usar el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Por ello, ha pedido la desclasificación de todo el material secreto del 23-F para usarlo en su ataque a la Transición.
La inmensa mayoría de los asesinatos de ETA fueron cometidos tras la muerte de Franco. En concreto, 669. De todos ello, 66 fueron perpetrados el mismo año de la aprobación de la Constitución de 1978. Y desde la fecha de la aprobación de la Carta Magna hasta nuestros días la banda terrorista ETA ha asesinado a 583 persona, es decir, de nuevo, la inmensa mayoría de su actividad asesina se ha protagonizado en democracia. Pero la historia y la realidad es lo de menos para los asesinos. Los etarras quieren ser englobados en la ley de Amnistía y con ese fin quieren dibujar un panorama en el que parezca que su causa era la lucha contra una dictadura.
El nuevo paso de Bildu en esta dirección acaba de ser registrado en la Mesa del Congreso de los Diputados. Y se ha hecho con el apoyo del "Grupo Parlamentario Republicano. Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu".
La forma elegida ha sido una "Proposición no de Ley sobre la desclasificación de información del golpe de Estado del 23-F". Porque, según señalan los proetarras y los miembros del partido del golpista de Oriol Junqueras, "cuarenta años después de haberse producido el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 continúan sin realizarse los cambios legislativos necesario para la desclasificación de los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan esclarecer los hechos. Existe una versión oficial de lo ocurrido, que en estos años se ha difundido, tanto por la mayoría de los medios de comunicación como por gran parte de los partidos sujetos al pacto constitucional de 1978".
Para Bildu y ERC, "el juicio que condenó a los participantes en la trama golpista se encargó de afirmar que fue organizado por un grupo de militares ultraconservadores, descontentos con la deriva de reformas que se habían iniciado en el país, con la mirada puesta en la próxima salida del Gobierno de Adolfo Suárez y ante el peso mayor que la izquierda podía jugar en la gobernabilidad", pero "con el devenir de los años se han ido conociendo, sea por la labor investigadora de historiadores o periodistas, sea por la publicación de memorias y testimonios, hechos de la Transición que cuestionan la visión edulcorada que se ha vendido de la misma; en definitiva, cómo las élites franquistas conservaron gran parte de su poder económico, político, judicial y militar al pasar de la Dictadura a la Democracia y cómo destacados líderes y estamentos se encargaron de ser la bisagra de este cambio lampedusiano".
Bildu y ERC quieren usar "nuevas informaciones" que "apuntan a la vinculación del, en ese momento, jefe del Estado en el intento del golpe de Estado" con un fin: no desacreditar a Juan Carlos I, sino a la monarquía en su conjunto y en concreto al actual Rey, totalmente ajeno por puros motivos obvios, a cualquier cuestión política.
Para ello, Bildu y ERC se apoyan en "las declaraciones de uno de los militares condenados, Antonio Tejero", que ha afirmado en una entrevista que "yo al Rey Juan Carlos lo jodí vivo. Él tenía preparado con Armada un Gobierno a su gusto. Pero hacía falta un militar que diera el golpe. Ese fui yo. Es decir: lo mío era necesario para poner el Gobierno de Armada y el Rey. Sin embargo, cuando vi lo que iba a ser aquello lo anulé, lo paré. Luego me traicionaron todos: el Rey, Armada, Milans del Bosch…".
Los de ERC y Bildu se apoyan igualmente en "el libro publicado por el magistrado y jurista, Joaquim Bosch, La Patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España". Y, en base a todo ello, aseguran que "ante estas nuevas informaciones y pasados más de 40 años ya no hay justificación alguna para no conocer con detalle cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado español y que aporte ‘luz y taquígrafos’ a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el golpe de Estado del 23-F".
Los proetarras afirman que "esa necesidad se refuerza ante la acción de la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968, reformada por la Ley de 7 de octubre de 1978, una legislación franquista generadora de opacidad, indefensión y, sobre todo, desmemoria, que de forma inexplicable no ha sido aún adaptada a los tiempos de una sociedad democrática". Y consideran que "es necesario reconstruir las conexiones existentes con terceros países, su tutelaje sobre los acontecimientos, y finalmente esclarecer el papel de la Casa Real, sus verdaderas intenciones y su papel central en la trama".
Por todo ello, los grupos parlamentarios citados instan al Gobierno "a realizar los cambios legislativos necesarios para desclasificar y dar a conocer todos los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al golpe de Estado del 23-F".