El auto del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el que imputa un posible delito de terrorismo al expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y a otros líderes independentistas, en el marco de la investigación contra Tsunami Democratic, puede echar al traste la amnistía que está negociando el Gobierno con los independentistas catalanes para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo.
En el desarrollo del citado texto judicial se pone de manifiesto que la persecución de los delitos relacionados con el terrorismo no es sólo algo a lo que están obligados los Estados que forman parte de la Unión Europea, sino que se encuentra en la propia esencia de la organización, por lo que la posibilidad de amnistiar a una persona acusada de estos delitos sería "Derecho de la Unión Europea" y serían los tribunales de la Unión los que deberían dictaminar si es posible o no.
El magistrado hace alusión en su resolución a la regulación europea en materia de terrorismo. Exactamente, la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. (JAI son las siglas en inglés del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE).
Así las cosas, afirma que "existe un compromiso por parte del Reino de España en la adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo" e insiste en que "dada la armonización que en esta materia se ha efectuado de algunos tipos penales relacionados con el terrorismo, se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea".
García-Castellón recuerda incluso en su auto que la normativa dice que la UE "se basa en los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se fundamenta en los principios de la democracia y el Estado de Derecho, que son comunes a los Estados miembros".
Añade que, esos mismos textos europeos, recogen que "los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión". Y que "también representan uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión".
El juez no se queda sólo en la normativa europea y recuerda que existe, asimismo, "un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para asegurar" el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo:
"La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373(2001) del Consejo de Seguridad dispone señala que todos los Estados aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, y aseguren que, además de cualesquiera otras medidas de represión de esos actos que se adopten, dichos actos de terrorismo queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos internos y que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo".
Por último, concluye sus alusiones a normas internacionales con una mención al Convenio de Montreal de 1971 para garantizar la seguridad en la aviación civil, así como su posterior modernización de 1988, para dejar claro que España también tiene un compromiso internacional, más allá del ámbito nacional, de perseguir actuaciones como fue el asalto al aeropuerto de El Prat (Barcelona) en 2019.
Inquietud en el Gobierno e indignación independentista
El nerviosismo en el Gobierno ante este contundente auto, que deja la puerta más que abierta a recurrir a la Justicia europea, se puso este martes de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde Moncloa, la portavoz Isabel Rodríguez resaltó, "como hechos a analizar", que "es una causa que se lleva instruyendo cuatro años" y que "hay operadores jurídicos que tienen criterios distintos", como es el de la Fiscalía.
No obstante, como recuerda El Mundo, la Fiscalía defendió en julio que la investigación a Tsunami Democràtic era por terrorismo. "En el parecer del Ministerio los hechos objeto de la presente causa son susceptibles de ser calificados como delitos de terrorismo de los artículos 571 y siguientes del Código Penal, tal y como ha venido manteniendo desde el inicio de las actuaciones la Fiscalía mediante dictámenes que se ratifican en el presente". Poco después, se apresuró en calificar este informe de "error".
Un paso más allá del Gobierno han ido los independentistas, que han acusado García-Castellón de prevaricar. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional de "condicionar" las negociaciones de investidura. "Aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando", espetó este martes en rueda de prensa junto con la consejera de Territorio de la Generalidad, Ester Capella.
Plaja ha expresado la indignación del Gobierno catalán ante estas investigaciones, y ha acusado al poder judicial de "vulnerar el Estado de derecho", tras lo que ha añadido que la mejor respuesta es seguir por la vía de la política, con la aprobación de la ley de amnistía.