La necesidad que tiene el PSOE de contar con los siete parlamentarios de Junts en el Congreso de los Diputados para investir de nuevo a Pedro Sánchez como presidente ha traído consigo la rehabilitación política de Carles Puigdemont. La muestra más clara de ello ha sido el pacto para sacar adelante una ley de amnistía que borre las consecuencias judiciales del golpe secesionista de 2017 y los disturbios callejeros de 2019 tras la sentencia del Procés.
Esa restauración pública del fugado expresidente de la Generalidad de Cataluña tiene también otras aristas asociadas, como es el hecho de tener que estudiar la posibilidad de ponerle o no un servicio de escolta pública que garantice su seguridad. No cabe duda de que Puigdemont provoca muchos recelos entre la ciudadanía española y que fruto de ello ya ha tenido algún que otro encontronazo por Bruselas con algún miembro de la colonia española.
El pasado 6 de noviembre, en plenas negociaciones Junts-PSOE en la capital belga, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, remitió una carta al consejero catalán de Interior, Joan Ignasi Elena, en la que pedía un servicio de escolta pública para su líder. Justificaba la petición en "el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo", algo que consideraba "un hecho público y notorio". Y recordaba que es un derecho que tienen todos los expresidentes catalanes.
La respuesta a esta petición desde la Generalidad de Cataluña fue que los Mossos d´Esquadra no están habilitados para trabajar fuera de las fronteras españolas salvo que cuenten con el permiso del Ministerio del Interior y que, por lo tanto, debían tramitar la solicitud con el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, que ya se había negado en ocasiones anteriores a aprobar el servicio de escolta pública de Puigdemont.
Este martes, se ha formado el lío dentro del Gobierno. El primero en hacer acto de presencia ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que en una entrevista en RAC1, la emisora de radio del Grupo Godó en Cataluña, ha dicho que Interior "tramitará y seguro que resolverá lo que proceda" sobre la petición escolta de Puigdemont. "Nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber", ha añadido.
Unas palabras que no han sentado bien en el departamento de Marlaska, que ha decidido desentenderse de esta cuestión y ha puesto el tema en manos de la Generalidad de Cataluña. Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Libertad Digital han dicho que el departamento "no tiene competencias" y que siendo los Mossos d´Esquadra "una policía integral" es a ellos a quien corresponde tomar la decisión sobre la escolta pública de Puigdemont.