El Consejo Fiscal ha aprobado por unanimidad amparar a los fiscales del 1-O frente a las acusaciones por supuesto 'lawfare' (guerra judicial). Para ello, los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) que habían promovido la propuesta, y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que se había adherido han tenido que rebajar las pretensiones iniciales del texto que habían presentado para aceptar el acordado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En paralelo, García Ortiz ha intentado sofocar el escándalo suscitado ante su inacción promoviendo una declaración institucional donde se "manifiesta de manera inequívoca, como corresponde a la más alta representación de esta institución, su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones, incluidos, por supuesto, cualquiera de los fiscales que han intervenido en las diversas causas relacionadas con el proceso independentista de Cataluña".
Sin embargo, los seis vocales de la AF, la asociación de fiscales mayoritaria, consideran que dicha declaración era insuficiente sobre todo a la luz de los pronunciamientos realizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a los jueces y magistrados, y por ello, se han negado a firmarla.
La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha asegurado que "pese a que la redacción finalmente aprobada ha sido recortada por el FGE, estamos satisfechos del respaldo unánime del Consejo Fiscal a la declaración de amparo a todos los compañeros que actuaron o actúan en todos los procedimientos derivados del procés independentista, a quienes desde la AF reconocemos su actuación siempre realizada de acuerdo a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política". Dexeus además ha denunciado que la AF no comparte "la constante omisión al lawfare del Fiscal General en sus pronunciamientos’ ha concluido.
Una veintena de fiscales de Sala y del Tribunal Supremo solicitaron ayer al fiscal general que actuase frente al señalamiento de jueces de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. En concreto, solicitaron "las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales".
Los fiscales del Alto Tribunal expresaron además su "más enérgico rechazo a los insultos, amenazas y falsas acusaciones vertidas, amparándose en la tribuna parlamentaria, contra las citadas personas, ya que no solo son gravemente lesivas para la dignidad personal e institucional de los afectados (miembros de otros poderes del Estado), sino que además son absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho, al tiempo que representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática".
La tibieza del fiscal general
A raíz del acuerdo PSOE-Junts, los fiscales del 1-O, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole "amparo institucional", si bien el jefe del Ministerio Público se limitó a contestarles que "siempre" defendería la "autonomía" de éstos y otros fiscales. En respuesta, 18 de los 26 fiscales del Tribunal Supremo dirigieron su propia misiva a García Ortiz reprochándole que ignorara "deliberadamente" la petición de sus cuatro compañeros "ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos".
Posteriormente, 22 de los 29 fiscales de Anticorrupción manifestaron su "profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho", mostrando su apoyo a los fiscales del 'procés' en su petición de "amparo institucional". En este contexto, García Ortiz aseguró, durante unas jornadas de fiscales de derecho civil en Córdoba, que todos los fiscales de España pueden estar "tranquilos" porque "siempre" actuará "en defensa de la carrera".
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