El nuevo secretario general y letrado mayor del Congreso de los Diputados colocado por Pedro Sánchez, Fernando Galindo, ha comenzado a cambiar a los diferentes letrados de las distintas comisiones que existen en la Cámara Baja. Uno de los afectados ha sido el jurista Manuel Fernández-Fontecha que ha contado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo se enteró del cambio de destino y también ha analizado el conflicto que puede tener la futura Ley de Amnistía con los tribunales europeos.
Fernández-Fontecha ha contado que se enteró "el jueves 30 de noviembre de que iba a haber un cambio en la comisión" en la que él participaba. Fue "por los pasillos" y envió un mensaje e Fernando Galindo diciéndole que "no estaba de acuerdo" y que si era así se lo "notificara" a "efectos del oportuno recurso". El día 4 de diciembre el letrado mayor del Congreso le citó "en su despacho" y le dijo que le "iba a dar una explicación". Galindo le señaló que "tenía que colocar al anterior secretario general en la Comisión Constitucional" y que él "salía" de la misma. "A la vista de eso y frente a lo que están diciendo yo no había pedido hasta ese momento justicia. Pedí justicia cuando me di cuenta que realmente pretendía dejarme fuera de una Comisión legislativa. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Que realmente notificación escrita no tengo ninguna. Fue un comentario en pasillos y luego me llegó una escripción a la Comisión de Hacienda que es la que yo llevaba habitualmente. La última novedad es que ayer me llegó una escripción a la Comisión Constitucional pero con tres compañeros antes que yo", ha explicado.
El letrado de la Cortes ha dicho que le han colocado de "suplente del suplente". "La duda se disipa si se consulta la web del Congreso porque yo he hecho muchísimas sesiones de la Comisión Constitucional, sobre todo en la pandemia por motivos de salud de un compañero mío. Y esto es lo que ha habido. Ahora me dicen que me adscriben a una comisión con dos por encima y a capítulo de suplente", ha remarcado. Para intentar solucionarlo ha anunciado que va a "interponer un recurso ante la Mesa del Congreso y ante el Tribunal Supremo porque ellos lo que sostienen es una tesis cuasi medieval que es que realmente somos unas personas a disponibilidad plena de la Cámara y que nos pueden quitar y poner". "La pseudoascripción de ayer no tiene el más mínimo valor porque me pueden desascribir mañana porque ellos tienen la teoría de que esto es un asunto de organización y que yo no tengo ningún derecho a ir a una Comisión, sino que puedo andar de acá para allá de allá para acá en función de lo que decida el secretario general", ha explicado.
La amnistía, una ley-medida
Manuel Fernández-Fontecha también ha hablado de la Ley de Amnistía del PSOE para los golpistas catalanes del 1-O que ya ha iniciado su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados para la que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha habilitado los días inhábiles del mes de enero. El letrado de las Cortes ha dicho que "el problema es que estamos en un proceso que los alemanes llamaron en Weimar la sustitución constitucional" y que "esta legislatura se va a caracterizar por eludir los controles o eludir los procedimientos de reforma de la Constitución y se va a hacer colocándola al lado leyes de rango absolutamente inferior".
"De ahí deriva la externalización del proceso de investidura y la aprobación de la Amnistía", ha destacado Fernández-Fontecha que en cuanto a la amnistía ha matizado que "no es una ley sino una medida". "Es una ley-medida que afecta a muy poca gente. Es una ley singular, no llega a ser ley de caso y cae bajo las prohibiciones de la ley singular porque nadie puede recurrir contra ella, le beneficia o le perjudica". Para el jurista "es un elemento esencial que no se dice" ya que "no se trata de una ley, es una ley de forma o de procedimiento".
El letrado de las Cortes ha añadido que "el segundo argumento, a parte de que se trata de una ley-medida que puede ser una ley singular y que podría caer bajo el anatema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), es que se está alegando una causa" y que esa causa "es un conflicto absolutamente inexistente". "Me tienen que explicar donde está el conflicto", ha indicado Fernández-Fontecha que recuerda que "lo que había es una situación por parte del Estado español de amparo de una generosísima situación de autonomía de una CCAA como es Cataluña y lo que hubo fue el inicio de un proceso en el que se llegó al disparate de la ley de desconexión y la ley de referéndum". "En todo caso la agresión ha venido del otro lado" ya que "desde el punto de vista de la justicia transaccional no hay ningún conflicto", ha apuntado.
Sobre cómo están viviendo esta situación los letrados del Congreso ha dicho que "la palabra que más he oído en compañeros míos, juristas de muchos años y de prestigio, es surrealista y sueño". "Muchos dicen que es como si fuera un sueño o pesadilla constitucional". En cuanto al encaje de esta ley ha dicho que "hay otro problema" que es que "si no hay causa está el problema del móvil porque si la amnistía no fija un móvil se produce una especie de perdón general y como eso sería el caos en la calle tienen que poner un móvil".
En este caso "el móvil es haber contribuido a la secesión de Cataluña, pero es que resulta que el delito es haber contribuido a la secesión de Cataluña. Entonces hay una identidad en términos lógicos entre una cosa y otra que no tiene el más mínimo sentido. Por otro lado, el artículo 9.1 de la Constitución, un artículo muy original sobre el deber de cumplimiento, establece que hay que decir sintéticamente que si hay amnistía posible no hay deber de cumplimiento. Por definición, si la amnistía es posible el deber de cumplimiento de los afectados por la amnistía desparece retroactivamente". Ha recordado que "cuando la amnistía de la Transición el móvil fue haber contribuido al restablecimiento de las libertades. Es un móvil lícito. Ahí lo que ocurrió fue que se pusieron de acuerdo, votaron por unanimidad y, además, pusieron un móvil que no era ilícito. ¿Qué pasa con el móvil de la secesión? Que el Tribunal Constitucional lo declaró ilícito. Ojo, las sentencias del TC sobre esta materia no pueden hacerse extensivas a la amnistía a ellas. Va a ser ilícito siempre por cosa juzgada".
Problemas en Europa
Manuel Fernández-Fontecha ha destacado que "es muy difícil volver a juzgar", de hecho "es imposible porque la causa juzgada también afecta a las resoluciones del Tribunal Constitucional". El letrado del Congreso ha indicado que "entonces ahí hay una última razón que es posiblemente la más actual y moderna en el derecho constitucional moderno que es la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Aquí estamos en un paso más avanzado sobre la igualdad. Estamos en que se dice que se discrimina ideológicamente porque si yo estoy de acuerdo con la amnistía de Cataluña no tengo pena y si no estoy de acuerdo sí tengo pena. Esto es lo que llaman los americanos una clasificación sospechosa porque la sanción penal se hace depender de lo que uno piensa. El artículo 16 establece que no hay una obligación ninguna de declarar. Habría que ir a un tribunal y decir que ese delito aparentemente común lo he hecho por la secesión de Cataluña y entonces ya no tendría pena".
Sin embargo, no es el único conflicto que podría tener la futura Ley de Amnistía del PSOE. Fernández-Fontecha ha comentado que "los problemas que van a tener en Europa son muy grandes tanto en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como con el de Estrasburgo, el TEDH". "Ahí lo que dijo el Tribunal Constitucional es que no se puede interponer a la vez la cuestión de inconstitucional ante él y la cuestión prejudicial, pero sí, no dice en ningún caso que no se pueda poner la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial iría al TJUE, por otra vía se podría llegar al TEDH y la jurisprudencia de estos tribunales no están avalando en ningún caso la amnistía", ha explicado.
En este sentido, ha recordado que "están diciendo cosas muy abstractas sobre el tema, pero no hay ninguna declaración de que la amnistía sea una cosa posible". "En el caso de la Unión Europea, además, hay una directiva que establece que hay una obligación de los Estados de respetar el delito de malversación en relación con los políticos. Aquí hay una cuestión muy importante, el delito de malversación lo cometen los políticos. Es un delito especial o propio del Código Penal y la UE, que tiene una lógica implacable en esto, dice que si el político que malversa se autoamnistía vamos a tener un problema de pérdida total del derecho y ya vale todo", ha advertido Fernández-Fontecha. El letrado de las Cortes cree que "por esa vía del TJUE van a tener muchísimos problemas porque en ningún caso ninguno de los dos tribunales ha dicho que se trate de un derecho a la amnistía o que sea una cosa maravillosa. Más bien la amnistía está llena de problemas, pero, básicamente, porque es una institución absolutamente arcaica".
"Con el artículo 9 en la mano lo que dice es que estamos obligados a cumplir para que hubiera una amnistía legítima bajo la Constitución ese artículo tendría que decir salvo los casos de amnistía, que no lo dice", ha indicado el letrado del Congreso que ha finalizado señalando que "la ruptura del principio de igualdad es total y ahora estamos en ordenamientos igualitarios".