El PP trasladó una exigencia por escrito hace dos meses al Gobierno de Pedro Sánchez: la convocatoria del Pacto Antiyihadista para discutir las medidas de control del terrorismo islámico en un momento de fuerte avalancha migratoria y de ataque de Hamás a Israel con agitación de todos los grupos yihadistas financiados por Irán. La respuesta por escrito del Ejecutivo a los ‘populares’, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, no pudo ser más displicente: "El Ministerio del Interior mantiene debidamente informadas sobre esta materia a las fuerzas políticas con representación parlamentaria". Traducido: no habrá convocatoria.
Un par de meses después el Ejecutivo del mismo Pedro Sánchez que se niega a debatir este asunto con todo el resto, acaba de regalar la competencia de inmigración a la Generalidad catalana, con lo que, supuestamente, una de las puertas de entrada de la inmigración queda descoordinada de todo el resto. Sin que los demás puedan ni siquiera reclamar una reunión de coordinación en materia de control yihadista al Gobierno porque se niega a recibirles en el marco del Pacto Antiyihadista. Y una de las comunidades de mayor amenaza en materia yihadista dentro de España es Cataluña.
La respuesta del Gobierno de Sánchez al PP supone un portazo literal. El PP reclamaba la convocatoria del Pacto Antiyihadista para poder debatir las medidas de control frente a esta amenaza. Lo hacía en un año de fuerte agitación del yihadismo y cuando la inmigración ilegal en España se ha duplicado en 2023 llegando a las 56.582 personas. El texto de la respuesta señala que "el Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista, suscrito por PP y PSOE en febrero de 2015 y abierto luego a otras fuerzas políticas, es expresión de la voluntad de los firmantes de mantener la máxima unidad en esta lucha".
Y que, "en aras de esa unidad y de obtener el máximo de consenso político en un asunto tan nuclear, el Ministerio del Interior mantiene debidamente informadas sobre esta materia a las fuerzas políticas con representación parlamentaria". Eso sí, se niega a convocar el pacto y reunirse con los partidos (PP y Vox) que gobiernan en 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas españolas. Pero es que, según el Gobierno, vale con un informe: "Así, el pasado 20 de octubre, el ministro se reunió con los representantes de los grupos parlamentarios para informarles del grado de amenaza terrorista". Y todo ello sucede mientras el mismo Pedro Sánchez acaba de regalar la competencia de control de la inmigración a Cataluña en su última negociación con Carles Puigdemont.
El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha mostrado ya, de hecho, su más rotunda repulsa al anuncio realizado por el PSOE y JUNTS sobre la cesión de las competencias en materia de inmigración y extranjería a la Generalidad de Cataluña. "Unas competencias que hasta ahora eran exclusivas de la Policía Nacional para todo el territorio nacional. Para JUPOL, este anuncio supone una nueva pérdida de competencias para los policías nacionales destinados en Cataluña, sin atender en ningún caso a criterios técnico y/o operativos y basándose solamente en objetivos políticos y partidistas", afirma el sindicato.
Para JUPOL, el acuerdo supone "un nuevo paso para consumar con la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones en el territorio catalán" y "supone el inicio del desmantelamiento de la Policía Nacional en Cataluña y su expulsión de este territorio, tal y como han hecho con la Guardia Civil en Navarra".
Otro de los sindicatos policiales, CEP, ha mostrado igualmente su oposición y ha señalado que quiere dejar claro que "defiende que el Estado mantenga el ejercicio exclusivo vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, y hacemos un llamamiento a todos los poderes e instituciones para que esto siga siendo así".
"Tenemos la absoluta seguridad de que lo conocido –que va a impactar de lleno en lo previsto en el artículo 149 de la Constitución Española, que reserva en exclusiva para el Estado el ejercicio de las competencias en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo– no constituirá la última de las demandas de cesión de competencias en ámbitos directa o indirectamente relacionados con el trabajo policial en favor de las autoridades de Cataluña. Y aunque se pueda decir que lo acordado se limita a una mera desconcentración de la gestión de políticas públicas sociales y laborales, el hecho en sí es que se debilita al Estado nuevamente en un plano competencial exclusivo por culpa de la aritmética parlamentaria pura y dura", añade el sindicato.