Junts no sólo ha pactado con el Gobierno la entrega de la competencia de inmigración y más dinero para Cataluña. También ha pactado algo que difícilmente será bien visto por ERC. El Gobierno ha lanzado su maquinaria de presión ante la UE y la Justicia española para alcanzar un supuesto pacto de "tutela judicial efectiva" plena. Un plan basado en que, en el momento en el que se suspenda la aplicación de la ley de amnistía por la aceptación de los recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), decaigan también las órdenes de detención, por ejemplo, de Carles Puigdemont.
Pero eso, que puede ser justificado como una interpretación judicial, tiene una derivada política que no le ha pasado desapercibida a Junts. Ni al negociador oficial del PSOE, Santos Cerdán. Y es que Oriol Junqueras (ERC) –condenado e indultado– no se vería libre de su inhabilitación política y no podría presentarse a las futuras elecciones catalanas. Pero sí le afectaría a Carles Puigdemont (Junts), que sí podría regresar a España, hacer campaña electoral, y hasta presentarse como candidato si llegasen a esa decisión en el seno de su partido. Esto se traduce en que el plan supondría una inyección de voto para Junts y un enorme problema para ERC. Y sería así en las elecciones regionales más decisivas de Cataluña.
Fruto de esa interpretación, el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, podrá volver a España al día siguiente de que se apruebe la Ley de la amnistía sobre el 1-O. Y será así aunque el Tribunal Supremo presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Como ha publicado ya Libertad Digital, una vez que "la Ley de amnistía sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Puigdemont podrá regresar inmediatamente a nuestro país. Las órdenes de detención contra él decaerían y no se le podrían imponer medidas cautelares. Su situación procesal es distinta a la de los demás encausados, que ya han sido juzgados y condenados por el Supremo". Es decir, que su situación es distinta de la de Oriol Junqueras, para mayor perjuicio de ERC.
Esto sucederá "aunque el Alto Tribunal que instruye la causa contra el expresidente catalán por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Dicha cuestión prejudicial supondrá la suspensión del procedimiento hasta que el TJUE resuelva en un plazo aproximado de año y medio, pero la ley de amnistía quedará aprobada oficialmente", añaden fuentes judiciales.
Traducido: "Si el Gobierno aprueba definitivamente la Ley de amnistía el próximo mes de abril, no habrá ningún impedimento para que Puigdemont pueda venir", concluyen.
Las elecciones catalanas deben celebrarse antes de que pase febrero de 2025. Es decir, que queda cerca de un año. Un recurso ante el TJUE puede tardar en resolverse entre 18 meses y dos años. Es decir, que Carles Puigdemont podría hacer toda la campaña electoral y hasta ser el candidato si así lo desea su partido mientras que ERC no podría presentar a su estandarte Oriol Junqueras. Y, aunque Junqueras haga campaña –que obviamente la hará– el efecto no tendrá nada que ver con la euforia separatista provocada por una vuelta de Puigdemont.
Dicho de otra manera, Junts ha empezado a negociar con el Gobierno cuestiones abiertamente contrarias a ERC y diseñadas para hacer daño en la línea de flotación al partido de Junqueras, Rufián y Pere Aragonès.