Una buena intención queda anulada si se expresa con las palabras incorrectas. Lo que se quiere defender de forma noble se desvanece tras una desafortunada expresión, y entonces el foco ya no reside en la causa, sino en las formas. Nadie esperaría escuchar la frase: "a ver quién la tiene más larga" en unas declaraciones sobre los casos de pederastia en la Iglesia, y mucho menos de la boca de un cura.
La soez ocurrencia fue concebida por obra y gracia del sacerdote Josetxo Vera, periodista y director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, durante una intervención para TV3, en la que su voluntad no era otra que la de dejar de tratar a las víctimas de abusos sexuales como meras cifras y centrar la atención en lo importante: su sufrimiento personal. En concreto, la reivindicación de Vera respondía al descuadre de las cifras entre los casos que los curas consideran "probados", y los aportados por una auditoría, curiosamente encargada por la propia CEE.
"Ya basta de reducir a las víctimas en cifras. Basta, porque si no, les hacemos daño. Nos enredemos en la cosa divertida de ver quién la tiene más larga. La cifra, claro".
En su deseo de dejar las comparaciones y la lucha por quién tiene mayor o menor razón, el sacerdote lo hizo de la peor manera posible, y una vez consciente de su error, rectificó inmediatamente matizando que se refería a las cifras. Eclipsó el buen hacer de la Iglesia con una repulsiva frase, pero, como director de comunicación de la Conferencia Episcopal ya había dejado constancia en otras ocasiones de "el dolor y la vergüenza" que sienten por estas atrocidades y del apoyo total hacía las víctimas, siempre y cuando ellos las consideren como tal.
La institución eclesiástica publicó el pasado diciembre la actualización del informe "Para dar Luz", en el que se aborda el tema de los abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia. El documento, formado por un volumen de más de 1.300 páginas y nueve volúmenes anexos documentales, recoge aportaciones del informe del Defensor del Pueblo presentado en octubre de 2023, y del Informe-Auditoría elaborado por el despacho de Cremades & Calvo-Sotelo que reconoce a más de 2.000 víctimas. A pesar de haber pagado 1,3 millones de euros por la investigación, la CEE no da credibilidad a los datos aportados por varios motivos.
El estudio del bufete Cremades recoge datos desde 1905, mientas el de los obispos solo contempla los casos desde 1940 "por una cuestión biológica". De los 806 casos registrados desde esa fecha, solo consideran probados 206 porque consideran casi 300 como ‘no probados’, otros como denuncias falsas y quedan fuera del recuento aquellos en los que la víctima era mayor de edad en el momento de los abusos. También especifican que la auditoría tiene errores de concepto, como que duplican casos denunciados en varias diócesis o que no se restan aquellos donde el abusador resultó inocente.
La entidad eclesiástica asegura que los casos dentro de la Iglesia suponen una proporción minoritaria respecto al conjunto de abusos en toda la sociedad y, por eso, solo aceptan participar en un proceso que recoja también el resto de instituciones y entidades sociales como escuelas o clubs deportivos. Por eso, y porque "es un informe vivo que todavía hoy se sigue ocultando", han preferido evitar publicar un número exacto, que por el momento, dista mucho de las más de 445.000 víctimas reconocidas por el Defensor del Pueblo.