El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha iniciado su segunda etapa como fiscal general del Estado ayudando al Gobierno de Pedro Sánchez a neutralizar la confección de un informe en el Ministerio Público sobre la Ley de amnistía del 1-O. Dicho informe encargado por el Senado sería crítico con esta norma debido a la composición actual del Consejo Fiscal.
García Ortiz reivindicaba este miércoles su imparcialidad tras su toma de posesión ante el Tribunal Supremo. El fiscal general del Estado afirmaba que "nadie" le verá "tomando postura en cuestiones estrictamente políticas", al tiempo que avisaba de que quien haga un uso "personalista" de la institución no tendrá cabida en su proyecto.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que "García Ortiz recibió el encargo del Senado de realizar un informe sobre la Ley de amnistía y que hizo caso omiso despreciando a la Cámara Alta. Ahora, el fiscal general defiende que no tiene competencia para realizarlo al tratarse de una proposición de Ley y no un proyecto de Ley, no obstante, la realidad es que quiere evitar que el Consejo Fiscal emita un informe crítico con la amnistía".
"El Pleno del Consejo Fiscal está compuesto actualmente por 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF), 1 vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), 2 vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la inspectora jefe y el propio fiscal general del Estado. Con esta composición, saldría adelante un informe crítico con la Ley, ya que la AF y la APIF tienen mayoría frente a los vocales izquierdistas y además se han posicionado ya en contra de la norma", añaden.
Previsiblemente, se designaría a un vocal del Consejo Fiscal como ponente del informe y en paralelo se encargaría otro borrados a la Secretaría Técnica. Luego se pondría en común y sería votado en el Consejo Fiscal.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "García Ortiz no tiene la obligación de realizar dicho informe, pero debería hacerlo ya que la Ley de amnistía es una materia importantísima que afecta de lleno a la actuación de la Fiscalía y existe un mandato de las Cortes, concretamente del Senado. El Ministerio Fiscal puede actuar como órgano consultivo que es, al igual que lo va a hacer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ya está elaborando su respectivo informe, también solicitado por el Senado".
"El artículo 14.3.b) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que corresponde al Consejo Fiscal asesorar al fiscal general del Estado en cuantas materias éste le someta. García Ortiz no quiere mojarse y perjudicar al Gobierno, por ello, se escuda en la supuesta falta de competencia", concluyen.
García Ortiz ocultó el requerimiento del Senado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ocultó a los vocales del Consejo Fiscal el requerimiento de la Mesa del Senado para que el Ministerio Público informase sobre la proposición de Ley de amnistía a los golpistas catalanes, requerimiento que García Ortiz tenía sobre su mesa desde el pasado mes de diciembre y sobre el cual no dio ningún tipo de respuesta.
Este hecho provocaba la reacción de los vocales del Consejo Fiscal mostrando su "profunda estupefacción y rechazo a que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no sólo no ha sido atendida, sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas". En este contexto, no se descarta que se solicite al fiscal general la convocatoria de un Pleno extraordinario del Consejo Fiscal para que se debatiese si existe la posibilidad real o no de elaborar el citado informe.
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