Yolanda Díaz no lo ve bien en Galicia. Las elecciones regionales llevan camino de atragantársele y ha empezado a reclamar planes un tanto estrambóticos. Su última exigencia a Pedro Sánchez, de hecho, habla nada menos que de una intervención parcial en Galicia porque, según su partido, los pélets en las playas suponen una "crisis de salud pública".
La petición no se ha hecho con demasiada diplomacia. Al revés, se ha plasmado como exigencia oficial al Gobierno por medio de un texto registrado en el Congreso de los Diputados. El documento figura en una "proposición no de Ley relativa a las medidas urgentes para hacer frente a la actual crisis medioambiental derivada del macrovertido de millones de pélets de plástico en las costas gallegas".
Y pide, efectivamente, "vigile, en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la ejecución de los respectivos planes de anticontaminación en todas las posibles comunidades afectadas o que pudieran afectarse en el futuro". Y que en "el caso de que la Xunta de Galicia no cumpla en el plazo de cuarenta y ocho horas con lo que le imponen sus propias competencias (limpieza de vertidos y de playas) ejecutando de manera efectiva el correspondiente plan anticontaminación, proceda como Gobierno de España, en cumplimiento del interés general y de las competencias que en materia de salud pública y de protección del medioambiente le otorga el artículo 43.2 de la Constitución, así como de las funciones que específicamente le reconoce la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, a la limpieza y retirada del vertido con todos los medios a su alcance". Una intervención directa sin tener en cuenta las competencias autonómicas.
Según Sumar, "la Ley Orgánica 1/1981 de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia establece en su artículo 27 que corresponde a dicha Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ‘pesca en las rías y demás aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura, la caza, la pesca fluvial y lacustre’, además de las ‘normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje’, y en su artículo 29 la competencia respecto a la ejecución de la legislación del Estado en materia de ‘vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral gallego’".
Es más, para el partido de Yolanda Díaz, "la gravísima crisis medioambiental que está acaeciendo en las costas gallegas motivada por los millones de pélets de plástico que inundan sus playas", ha puesto en peligro a otras CCAA: "Nos encontramos ante una crisis que acaba de extenderse a más de una Comunidad Autónoma, habiendo llegado la contaminación a las costas de Asturias".
Y, todo ello, según Sumar, teniendo en cuenta "que existe otra cuestión de máxima importancia respecto a esta crisis: este vertido no sólo es potencialmente dañino respecto a recursos naturales de altísimo valor económico y medioambiental, sino que además se trata de una crisis de salud pública dadas las evidentes implicaciones que potencialmente tiene este vertido respecto a la contaminación de ecosistemas y animales destinados al consumo humano, lo que previsiblemente provocará una irremediable contaminación en las cadenas alimentarias relacionadas con una masiva infiltración de micro-plásticos, extremadamente dañinos para los seres humanos".
Y, con esa argumentación, el partido de la vicepresidenta del Gobierno cree que está justificado "un plan específico para la afección en los 10 espacios protegidos de la Red Natura 2000, así como al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, al Parque Natural de Corrubedo, además de distintas zonas de costa y arenales" de forma que sean protegidos con la intervención directa del Gobierno sin tener en cuenta las competencias autonómicas. Hay que recordar que el partido que lo pide se hace llamar Grupo Plurinacional en el Congreso para defender a las comunidades separatistas.