El titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona, Santiago García, que investiga la intervención del teléfono del presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, con el sistema Pegasus está obligado a inhibirse en el Tribunal Supremo. La razón es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue quien aprobó esta actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El pasado viernes, la ex directora del CNI, Paz Esteban, declaró durante una hora en calidad de investigada ante el juez Santiago García por videoconferencia desde Madrid. Dicha declaración se produjo después de que el Ejecutivo desclasificara documentación de la que se desprende que la intervención del teléfono de Aragonés se autorizó porque el CNI creía que era quien dirigía a los Comitès de Defensa de la República (CDR). El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,Félix Bolaños, al ser preguntado el mismo viernes aseguró que "el Gobierno, en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado, porque eran operaciones que venían de antes".
Fuentes del CNI consultadas por Libertad Digital afirman que "la directiva de Inteligencia que autorizó el seguimiento de Aragonés la firmó personalmente Pedro Sánchez después de que dicha petición fuera recibida en el Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños, que también estaba al corriente de esta actuación. Fue una decisión personal del presidente del Gobierno tras ser advertido por la Inteligencia de la amenaza de actos terroristas vinculados con los CDR. Este tema se abordó en varias reuniones preparatorias".
"Al ser Sánchez el que firmó la intervención, el juez de Barcelona Santiago García deberá inhibirse en el Tribunal Supremo ante el que está aforado el presidente del Gobierno, para que estos hechos sean investigados por el Alto Tribunal. La indignación en el CNI es enorme con el Ejecutivo socialista, especialmente con Sánchez y Bolaños al considerar que están mintiendo a la opinión pública sobre este asunto", añaden.
Según el artículo 102 de la Constitución Española, "la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo". En esta causa se investigan presuntos delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, intercepción ilegal de comunicaciones, espionaje informático y producción y adquisición para el uso de spyware, así como otros delitos contra los derechos fundamentales.
Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que "la preocupación del Gobierno con lo que pueda contar Paz Esteban a la justicia es enorme. Tanto es así, que durante su declaración judicial del viernes, la exdirectora del CNI estaba acompañada por dos abogados del Estado en Madrid y otros dos abogados del Estado seguían su comparecencia desde Barcelona. ¿Querían defender a la imputada o evitaban evitar el escándalo se elevara hasta el ‘gran timonel’ del Gobierno?".
Tal y como publicó este diario en enero del año pasado, el CNI se plantó ante Bolaños, y se negó a integrar una unidad de ciberseguridad en la Moncloa bajo sus órdenes. El ministro intentó crear una unidad especializada en ciberseguridad en la Moncloa bajo sus órdenes, integrada por 30 o 40 agentes tras estallar el escándalo del caso Pegasus. Dicha unidad estaría liderada por el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, el órgano de asesoramiento del presidente del Gobierno.
El juez de Pegasus, de Juezas y Jueces para la Democracia
El titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona, Santiago García, llegó a su Juzgado en el año 2018 procedente de la Audiencia Provincial de Huelva y pertenece a la asociación judicial izquierdista Juezas y Jueces para la Democracia que cofundó el actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
En noviembre de 2022, imputó al que fuera líder del PP, Pablo Casado, por presuntos delitos de injurias, calumnias y delito de odio o discriminación. Casado afirmó que había "profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños" porque hablaban en castellano. Finalmente, la querella la archivó tras calificar las palabras de Casado como "poco acertadas y refutables". En la actualidad, el juez instruye otra causa que afecta al entorno de Juan Carlos I.