La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
Según la APIF, "la designación como Fiscal General del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco, condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular: "’¿la Fiscalía de quien depende?’".
La asociación considera que "el estado de derecho en España ha de mantenerse sobre un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y sometido únicamente al imperio de la ley. En este sentido, respetando la designación hecha por Ejecutivo, consideramos que el presente Fiscal General no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno".
La APIF recuerda que al respecto ya se ha pronunciado el CGPJ que, "en un extenso y fundado dictamen, considera que el candidato propuesto por el Gobierno, D. Álvaro García Ortiz, no reúne las cualidades necesarias para ser nombrado FGE, considerándolo, en consecuencia, como inidóneo. Dicho informe, como es sabido, es preceptivo pero no vinculante para el Gobierno".
"A pesar de ello, a nuestro juicio, el Gobierno, al apartarse de este criterio, tan fundamentado, debía haber dado una explicación muy razonable y convincente para mantener la propuesta del candidato elegido. La actuación de D. Álvaro García Ortiz, en los dos años de mandato
anterior, con anulación de nombramientos de Fiscales de Sala, por desviación de poder en el nombramiento de Doña Dolores Delgado García como Fiscal de Sala, de la Sala Quinta (militar) y, la pendencia de otro recurso en el Tribunal Supremo, solicitando la anulación como Fiscal de Sala, también de Doña Dolores Delgado García, de Memoria Democrática y
Derechos Humanos, así como su actuación, una vez nombrado Fiscal General del Estado, estrenándose en el cargo con la decisión de privar al Consejo Fiscal de la posibilidad de emitir el dictamen solicitado por el Senado de España, respecto a la Proposición de Ley de Amnistía, a nuestro juicio no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición de este recurso contra el nombramiento del Fiscal General del Estado", subraya la APIF.
García Ortiz, condenado por el Supremo
Esta asociación de Fiscales destaca que el Estatuto Fiscal en su artículo 29, exige que "el/la candidato/a a FGE debe ser jurista de reconocido prestigio, tal requisito, si bien podría haber concurrido en D Álvaro García Ortiz, decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como Autoridad que actúa con desviación de poder – utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento jurídico -. Por tanto, a nuestro juicio, el nombramiento no es conforme a ley".
"El Ministerio Fiscal, como hemos señalado anteriormente, se configura como una institución clave y esencial dentro del Poder Judicial. No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del FGE, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo. Precisamente por las actuaciones que ha llevado a cabo y que hemos señalado, el Sr. García Ortíz, a nuestro juicio no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas el FGE, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España", concluye.
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