Álvaro García Ortiz ha confirmado esta mañana lo que ya reflejó el Ministerio Fiscal en su memoria anual de 2022 -entre la página quinientos sesenta y tres y la quinientos sesenta y seis-, dentro de la sección dedicada a "la evolución nacional de las causas por tráfico de drogas": el Ministerio del Interior desarticuló el organismo de coordinación del narcotráfico Sur (OCON-Sur) "sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial ni a los órganos judiciales". Frente a ello, la Fiscalía denunciaba ya entonces la sobrecarga y el atasco de los juzgados andaluces como consecuencia del volumen de los procesos por blanqueo y narcotráfico en la zona.
El Fiscal General ha admitido el papel imprescindible que desempeña el trabajo conjunto de la Fiscalía y las FCSE en la lucha contra los narcos, además de recalcar la forma en la que aquellos se juegan la vida en defensa de la legalidad. Ha reconocido la gravedad del tráfico de estupefacientes y su carácter pluridimensional, definiéndolo también como la consecuencia de un conjunto de factores "sociales, económicos, personales y de salud pública". Sin embargo, parece ser que todo ello -además del terrible asesinato de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes por parte de una narcolancha en Barbate- no es argumento suficiente para García Ortiz para exigir responsabilidades a Grande-Marlaska. El titular del Ministerio Fiscal dependiente del Gobierno -tal y como se encargó de recalcar Sánchez sobre la Fiscalía en 2019- confiesa que "no puede hacer esa afirmación" al ser preguntado sobre si Marlaska se equivocó en su decisión de disolver el OCON Sur.
A pesar de la inacción del Gobierno en la protección de sus servidores públicos, para Álvaro García Ortiz el problema no está en la desarticulación del grupo especializado de la Guardia Civil de lucha contra el tráfico de drogas en Andalucía. Tampoco en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con unidades de élite o no, tengan recursos materiales y humanos suficientes para desempeñar su trabajo. Álvaro García Ortiz tira balones fuera -y excusa, en parte, con ello al Gobierno- al decidir empezar su entrevista fijando como causa del problema que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sea del siglo XIX. Por ello -por su antigüedad-, él entiende que la norma "no es el mejor instrumento frente a las nuevas formas de delincuencia". El Fiscal General cree que el trabajo de la Fiscalía está condicionado "por un sistema procesal que no ayuda frente a las nuevas formas de delincuencia transnacional, que utiliza medios y formas que van más allá de las fronteras de un partido judicial, de una provincia, de una comunidad autónoma y que utiliza las redes y todos los medios que la tecnología tiene".